La junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz aprobó este lunes pedir auxilio judicial al juzgado de lo penal número 5, encargado de la ejecución de la sentencia que pesa sobre edificio de aparcamientos de Las Teresitas, para que la Dirección General de Costas se pronuncie sobre el nuevo deslinde que afecta a la playa. Una información que el Consistorio considera indispensable para proceder al derribo o no del mamotreto. Sin embargo, desde la citada administración, se ha contestado en más de una ocasión que este extremo en nada afecta a la ejecución de sentencia puesto que se trata de un nuevo procedimiento. La última de las respuestas de Costas, fechada el pasado 26 de febrero, aunque no está directamente relacionada con la sentencia en cuestión, sí que deja claro al Ayuntamiento capitalino que es el único competente para decidir sobre la ordenación del frente de playa (aparcamientos incluidos), puesto que la concesión administrativa concedida en 1966 sobre la playa, por 99 años, sigue vigente.
La importancia de esta vigencia estriba en que, tal y como remarca el propio ente estatal, la condición de concesionario del Ayuntamiento lo hace “competente en materia de planeamiento y ordenación de la misma, sin perjuicio de la necesidad de ajustar dicha ordenación a las normas estatales que resulten de aplicación”. Esto viene a significar que el Ayuntamiento, como concesionario, tiene potestad para actuar en la playa siempre que se ajuste a los términos de la concesión, algo que por otra parte hasta el momento no ha hecho.
La Demarcación Provincial de Costas detalla que fue en 1966 cuando se otorgó la concesión para la construcción de la playa, ocupando dominio público marítimo-terrestre. En las condiciones de este permiso se indicó que el concesionario debía presentar, en el plazo de seis meses, el proyecto o anteproyecto de de la edificaciones que se pretendían construir colindantes con la playa y ocupando en parte terrenos pertenecientes al dominio público, especificándose en forma concreta los volúmenes edificados, las alturas, el destino de las mismas, los servicios, las fachadas, viales, aparcamientos …. Como señala Costas, a fecha de hoy, nada de eso ha sido presentado. Además, recuerda el organismo estatal, una vez finalizadas las obras y aprobada el acta de reconocimiento de las mismas, el Ayuntamiento debía solicitar el reconocimiento de la propiedad de los terrenos ganados al mar, acta que no se llegó a aprobar porque se observaron defectos. Concretamente, detalla el escrito de Costas, se hicieron obras no recogidas en el proyecto como la plantación de palmeras sin autorización, construcción de una instalación fija de unos 50 metros cuadrados destinada a los servicios de Cruz Roja, construcción de un tobogán, de vías de circulación y aparcamientos sin autorización. Estos defectos nunca fueron subsanados por el Ayuntamiento.
A pesar de todos estos incumplimientos que podrían haber dado pie a la caducidad, nunca se tramitó expediente alguno ni tampoco existe resolución para que caduque, “por lo que la concesión para el aprovechamiento de la playa sigue vigente”. Costas también se da por informada sobre el Plan Especial de Las Teresitas que, según la información que le ha proporcionado el Ayuntamiento, ordenará el frente de playa, así como los usos y distintos servicios de la misma, dotando a esta de las redes de servicios urbanos esenciales (red de alcantarillado, abastecimiento, iluminación…) y la creación de un paseo marítimo que garantice la conectividad peatonal en toda la playa.
[su_note note_color=”#d0d3d5″ radius=”2″]Cinco días para notificar sobre el estado de la demolición
A pesar de los argumentos esgrimidos por el Ayuntamiento sobre la imposibilidad de efectuar la demolición, el juzgado sigue recordándole al Consistorio que debe ejecutar el derribo total. La última providencia, con fecha del seis de mayo, da cinco días al Consistorio para que informe sobre “el estado de la demolición” del inmueble.[/su_note]