La decisión de personarse en la ejecución de sentencia del Ayuntamiento de Santa Cruz se apoya, además del amplio informe elaborado pora la directora general de Infraestructuras, Verónica Patricia Rodríguez, en un nuevo documento solicitado expresamente para dilucidar la importancia del nuevo deslinde, esta vez firmado por la técnico de administración general, Olga María Navarro. En el citado informe, de ocho páginas, se establece que se debe pedir la suspensión de la sentencia hasta que Costas responda sobre la nueva línea de servidumbre y solicitar el auxilio judicial para lograr una respuesta.
Argumenta el citado documento que para cumplir con la sentencia y culminar los trabajos de demolición, en su caso, se hace necesaria la concreción exacta del deslinde como requisito previo sine qua non para cumplir la sentencia. Además señala que el fundamento décimo de la sentencia de la Audiencia Provincial se entiende como un “juicio de legalización condicionado” para la parte que no invade la zona de servidumbre, por lo que resulta primordial que Costas informe sobre el nuevo deslinde, puesto que la diferencia está en que haya que demoler 420 metros cuadrados o 60. También apunta la técnico que los servicios jurídicos deben hacer un nuevo informe que resuelva “las discrepancias observadas entre los informes internos municipales emitidos en expedientes de ejecución de sentencia”.