El complejo expediente, así lo calificó el actual concejal de Urbanismo, Fernando Alduán, de la vivienda del exalcalde de Candelaria José Gumersindo García llegará al Consejo Consultivo de Canarias para que sea este organismo quien determine la legalidad o no del inmueble, tras el acuerdo de todos los grupos políticos municipales en el pleno de ayer, sobre la revisión de oficio de los decretos 3327/2006 y 95/2012, de fechas 31 de octubre de 2006 y 19 de enero de 2012, respectivamente, y después de hasta siete peticiones del entonces portavoz del PP y hoy en Vecinos por Candelaria, José Fernando Gómez, que, en vista de que no se atendía su petición, presentó una denuncia en la Fiscalía en octubre de 2012, estando abierto el procedimiento judicial en Juzgado Número Uno de Güímar.
José Fernando Gómez manifestó ayer, con contundencia, que “si el alcalde fue capaz de tirar por ilegales las casas de Cho Vito, también se debería tirar la suya”. El resto de la oposición también criticó la tardanza en atender la revisión de oficio, tras los informes negativos de la Oficina Técnica, mientras que Fernando Alduán, actual edil de Urbanismo, recomendó ser “juiciosos y sensatos ante un asunto tan complejo”.
Perito judicial
Un perito judicial determinó hace unos meses que las dos licencias de obras que el Ayuntamiento de Candelaria otorgó para la construcción y reforma de la vivienda del exalcalde carecen de cobertura legal. Este dictamen fue encargado por el Juzgado de Instrucción Número 1 de Güímar debido a la investigación abierta contra el antiguo regidor y el que fuera concejal de Urbanismo Domingo Ramos. Este informe concluye que en ambos actos administrativos, uno para edificar y otra para reformar el inmueble, “se han encontrado incumplimientos urbanísticos” que habrían sido suficientes para que los permisos “no se hubiesen concedido por incumplir parámetros urbanísticos principales del planeamiento vigente en cada momento”.
Las diligencias judiciales abiertas por estos hechos tienen que ver con una primera licencia de obra mayor solicitada en 2006 y otra posterior de reforma pedida en 2011. En el caso de la primera, el perito judicial informa de que “no debió” darse la autorización por “no cumplir” las normas subsidiarias de 1987, el Plan General de Ordenación (PGO) provisional y su concurrencia en aspectos como el ancho del camino, la edificabilidad, la ocupación del sótano, los retranqueos de las construcciones auxiliares y las alineaciones y rasantes.
Lo mismo ocurre con el permiso concedido para llevar a cabo una reforma en la vivienda del exalcalde “por no cumplir con el PGO definitivo” en casi los mismos términos: edificabilidad, ocupación del sótano, alineaciones y rasantes y, además, el tipo de cerramiento frontal de la parcela, impropio de las medianías.
Si el tipo de casa podría ser legal al existir tejas, aunque no vistas, lo cierto es que el exalcalde incumplió la volumetría al edificar 300 metros cuadrados sin descontar los 107,28 de un salón barbacoa y 30 de cuarto de aperos, por lo que deberían ser derribados.
Otros asuntos del Pleno
Los estatutos de la Entidad Urbanística de Conservación del Polígono volvieron al Pleno, para dejar sin efecto la aprobación inicial de septiembre de 2015 y aprobarse la nueva propuesta consensuada por los tres ayuntamientos y Cabildo. Votaron a favor el grupo de gobierno y el PP, se abstuvo Sí se puede y votó en contra VxC.
Ayer dejó de ser concejal José Manuel Cruz,que llevó el área de Identidad Canaria. Le suplirá Romén Mantecón, séptimo en la lista CC, y hasta ahora personal de confianza. Cruz se va oficialmente por “razones personales”, pero todo apunta a un desencuentro con Efraín Medina, quien corta el bacalao en CC local.
María del Cristo Hernández, edil de Sí se puede, preguntó por actos vandálicos en el cementerio de Barranco Hondo. El socialista Paco Pinto le contestó que en los tres cementerios hay cámaras de seguridad y que en Barranco Hondo solo se observó la presencia de unas berenjenas; Hernández le replicó: “Y una cabeza de pescado salado”.