La isla de Palma fue el escenario elegido por DIARIO DE AVISOS para poner sobre la mesa un debate de enorme calado en la actualidad: la politización de la justicia. Para ello, el decano de la prensa de Canarias organizó un Punto de Encuentro, celebrado en la sede del Espacio Cultural de la Fundación CajaCanarias de Santa Cruz de La Palma, en el que intervino una de las figuras más destacadas de la judicatura en España, Juan Manuel Fernández Martínez, vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), junto con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Antonio Doreste Armas.
Una amplia representación de los agentes económicos y sociales de La Palma, junto con las principales autoridades de la Isla, miembros del Gobierno de Canarias y el Diputado del Común, participaron en la velada, moderada por el periodista Carmelo Rivero, en la que se abordaron cuestiones de tanta trascendencia en la actualidad como la imparcialidad de los jueces, el sistema de nombramiento de los miembros del poder judicial, la corrupción o las polémicas filtraciones sumariales a los medios de comunicación.
Antonio Doreste fue el encargado de presentar al ponente, de quien destacó su “amplísima experiencia en el terreno penal”, la dilatada carrera judicial desarrollada y el “gran prestigio” profesional que atesora. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra antes de ser vocal del Consejo General del Poder Judicial, órgano supremo del gobierno de la Justicia en España, “donde ha tenido un renombre que le reconocemos dentro del mundo judicial”, recalcó Doreste.
Fernández Martínez, al inicio de su disertación, quiso dejar claro que “no toda relación de la política con la justicia puede clasificarse como una intromisión”, si bien mostró su preocupación por la imagen que tiene la sociedad de la politización de la justicia, “sobre todo porque socava la legitimidad democrática del poder judicial, que descansa fundamentalmente en la confianza de los ciudadanos en los jueces”.
Para profundizar en la materia desgranó el concepto de justicia en tres vertientes: como “frontispicio” del ordenamiento político y jurídico de la Constitución; como ejercicio de la función jurisdiccional, para cuyo funcionamiento consideró “necesaria” la existencia del Consejo General del Poder Judicial, y la justicia como servicio público.
El magistrado subrayó que pese a que la actividad política y la judicial están separadas por su propia naturaleza, “es absolutamente necesario fijar un marco de actuación donde los jueces desarrollemos nuestra función”. Una labor que “corresponde al lugar donde el pueblo deposita su soberanía, las asambleas legislativas”. Si bien, quiso dejar claro que “los jueces no se pueden erigir en protagonistas de la vida política”. “El marco del juez está perfectamente limitado en la Constitución y las leyes y su legitimidad democrática deriva de su respeto a la Constitución y la ley”, apostilló.
Sobre el Consejo General del Poder Judicial, cuya existencia ha sido puesta en cuestión desde distintos frentes, así como el modo de elección de sus miembros por el Parlamento, defendió que es “absolutamente fundamental” la pervivencia de un órgano que “es en esencia la defensa de la independencia de los jueces”.
En cuanto a la designación de sus miembros, que son elegidos por el Parlamento a propuesta de los partidos políticos, consideró “inadmisible que se pueda cuestionar en términos de legitimidad democrática”, si bien reconoció que es un aspecto que hay que examinar y aplicar medidas correctoras, dejando claro a la vez que “la forma de elegir los jueces no es la panacea que arregla todos los males”.
Otros elementos que avivan el debate en la sociedad sobre la politización de la justicia y que puso sobre la mesa el magistrado son la participación de los jueces en la política y la corrupción en la vida pública, que “alimenta también la desconfianza en la justicia”.
Ya en el turno de debate, Fernández Martínez abordó la cuestión de las imputaciones. No quiso pronunciarse sobre en qué momento procesal debe un político cesar en su actividad pública, pero sí reivindicó el principio de la presunción de inocencia. “Si nos saltamos las garantías, lo que puede pasar es que lleguemos a la ley de la selva y ahí quien gana es el más fuerte. La democracia es el gobierno de la mayoría, pero donde las minorías son respetadas”, argumentó el magistrado, que vio avalada su posición por Antonio Doreste, que añadió que la figura del investigado, “más que un estigma es una garantía para la persona”. Una cuestión que se contrapone a las llamadas penas de banquillo o del telediario, por el eco mediático.
En esta línea, aseguró que “las filtraciones son una lacra que hacen un daño tremendo” porque “dañan derechos de las personas que están cubiertos por un principio de no publicidad y comprometen el éxito de la investigación”. “Las filtraciones son absolutamente deleznables”, añadió.
[su_note note_color=”#d0d3d5″ radius=”2″]El compromiso del Decano con la Isla
El director de DIARIO DE AVISOS, José David Santos, presentó el acto, poniendo de relieve el cordón umbilical que une al periódico decano con la isla donde nació. Un medio con el que se identifica la sociedad palmera y que, en el marco del 125 aniversario de su nacimiento, “quiere apostar por ser protagonista de la sociedad que lo acoge”. Este foro ha sido un punto de salida y avanzó que, “con nuestros medios, que ahora son mayores desde la entrada del Grupo Plató del Atlántico, apostaremos fuerte para seguir siendo merecedores de llevar el nombre de La Palma”.[/su_note]