La baja natalidad, unida a la crisis económica, hace que las antiguas guarderías se estén quedando huérfanas. Eso es, al menos, lo que denuncian las asociaciones de centros privados de Educación Infantil de Tenerife (Acinte) y Las Palmas (Aceilas), quienes aseguran que las matrículas han caído los últimos dos cursos en torno al 40%, lo que ha llevado al cierre al menos a una veintena de estas escuelas. En este sentido, la presidenta de la Asociación de Centros Infantiles de Tenerife (Acinte), Marina Amador, advierte de que estas instalaciones están “condenadas a cerrar por la falta de ayudas en Canarias”, como ya existen en otras comunidades autónomas. Amador, no obstante, deja claro que “no se trata de subvenciones para los centros, sino ayudas para los padres”. Según explica, las antes denominadas guarderías, “son pymes, con un mínimo de cinco o seis trabajadoras, y no podemos ajustar más los precios”. “La mayoría de centros llevan años con la matrícula congelada y las mensualidades muy por debajo de lo que se abonaba antes de la crisis”, agrega Marina Amador, quien recuerda que otro problema añadido es la “proliferación de guarderías ilegales” en el Archipiélago.
Y es que el 31 de agosto de 2015 finalizaba el plazo extraordinario que contemplaba el Decreto 201/2008 para solicitar la acreditación necesaria para poner en marcha un centro de este tipo, una acreditación que la Consejería de Educación exige a todas aquellas escuelas homologados para poder desarrollar su labor. En total, fueron reconocidas 131 escuelas en las Islas, 82 en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y 49 en la de Las Palmas. Sin embargo, estos centros no son los únicos que están funcionando, ya que Acinte y Aceilas tienen constancia de que hay como mínimo unos 100 más que admiten menores de 0 a 3 años de edad sin estar autorizados por la Consejería.
Ilegales
Esta, cuyos responsables se han reunido en varias ocasiones con las juntas directivas de las asociaciones de centros de Tenerife y Las Palmas, llevará a cabo una serie de acciones para clausurar las escuelas infantiles irregulares, y también los centros legales privados que no cumplan los requisitos exigidos, sobre todo, en cuanto a titulación de personal e instalaciones”, según confirmó la propia consejera regional, Soledad Monzón. El departamento educativo autonómico también está estudiando la concesión de ayudas a las familias que decidan inscribir a sus hijos en el primer ciclo de educación, que, a diferencia de otros ciclos y a pesar de estar reconocido por la Ley Canaria de Educación no Universitaria, no contempla estas subvenciones.
[su_note note_color=”#d0d3d5″ radius=”2″]Los ayuntamientos tratan de salvar las escuelas públicas municipales
Si el panorama se torna complicado para las guarderías privadas, no lo tienen mejor las 221 escuelas infantiles públicas que dependen de la Consejería de Educación, que actualmente son gestionadas en solitario por los ayuntamientos. Y es que el Ejecutivo regional no sufraga ni una sola de las que funcionan en el Archipiélago. Lo hizo cuando se aprobó la LOE, que incorporó por primera vez la escolarización de 0 a 3 años, pero solo hasta el año 2010 [/su_note]