El presidente de Alcer Las Palmas, Alejandro Díaz, denunció ayer en el Parlamento de Canarias que Canarias es “prácticamente la única que niega el transporte sanitario a pacientes de hemodiálisis por motivos sociales”, lo que considera “inhumano” y una “flagrante desigualdad”. Díaz hizo estas declaraciones en el seno de la Comisión por la Discapacidad celebrada en la mañana de ayer ante una representación parlamentaria que se comprometió a resolver las cuitas que planteó en nombre de los aproximadamente 3.000 afectados por dolencias renales de forma crónica, si bien aclaró que “el 10% de la población sufre alguna dolencia renal, pero la mayoría ni siquiera lo sabe”. El representantes de Alcer Las Palmas detalló que una norma de 1998 limita en las Islas el transporte sanitario por hemodiálisis a causas médicas, pero que solo se aplicó de forma estricta “a cuenta de la crisis”. Díaz explicó que estos pacientes requieren para un tratamiento que se aplica tres veces por semana “unas siete horas desde que salen de casa hasta que vuelven”, lo que hace “imposible” tener un empleo. Así las cosas, tener que afrontar el transporte es “un durísimo castigo para un colectivo en el que muchos apenas subsisten con una ayuda”.
Aunque Díaz reconoció que la valoración del grado de discapacidad es competencia estatal, pidió ayuda a los parlamentarios canarios para que “usen los medios que tengan a su alcance para cambiar el sistema de baremación del grado de discapacidad”. La reivindicación obedece a que, cuando reciben un trasplante, se considera al enfermo como curado y se le rebaja el grado de discapacidad, cuando sigue siendo un enfermo”.