Pese a los notables esfuerzos que lleva años realizando el Gobierno de Canarias en materia de educación y prevención en el ámbito familiar, lo cierto es que todavía son miles los menores isleños que son declarados en desamparo. Una situación que, en el caso de la acogida residencial, dura al menos tres años y cuatro meses de media, como confirma la Consejería de Políticas Sociales. En respuesta a una pregunta parlamentaria formulada por la diputada María del Río Sánchez, del Grupo Podemos, el departamento que dirige la vicepresidenta Patricia Hernández expone que “la media de tiempo es de tres años y cuatro meses, aunque el aplicativo informático no permite desagregar este dato por sexo e islas”.
Un periodo que prácticamente se multiplica por dos en el caso de los menores declarados en desamparo en el sistema de protección en acogimiento familiar con familia extensa (con parentesco), que según la Consejería es actualmente de “seis años y dos meses”. Mientras, en lo que se refiere a las familias ajenas (sin ningún tipo de parentesco ni vínculo familiar), según los datos recabados por Políticas Sociales, la media de tiempo de estancia es de “un año y cinco meses”. En términos generales, según las últimas cifras ofrecidas por la propia vicepresidenta y consejera del área, las familias canarias y los centros residenciales acogen a un total de 1.358 menores en situación de desamparo, de los que 699 están en residencias y 659 en familias. De estos, 70 son menores extranjeros no acompañados y 16 tienen entre cero y tres años; 38, entre tres y seis; 188, de 7 a 11, y 457, de 12 a 17.
Estos dígitos, expuestos en comisión parlamentaria en abril, suponen un descenso importante con respecto a los que se registraban hace solo algunos años, que se situaban en el doble, pero según la consejera siguen siendo “mejorables”. La vicepresidenta insistió entonces en que “no hay ningún menor que haya sido declarado en desamparo como consecuencia de la situación económica de su familia”. En este sentido, Patricia Hernández animó a las familias que tienen problemas de este tipo a acudir a los servicios sociales municipales sin miedo a perder a sus hijos. Además, Hernández precisó que hay unas 700 familias “aptas” para acoger a menores que lo necesiten, inscritas en el banco de familias acogentes del Archipiélago.
Pese a todo, la Fiscalía de Menores de la provincia de Tenerife sigue alertando de la preocupante situación de los centros de protección de la Isla, debido a la “sobreocupación” que padecen muchos de ellos. En su memoria de 2015, el Ministerio Público ya denunció la “escasez de recursos” y dejó claro que buena parte de los centros del Cabildo (que gestiona el IASS) y aquellos dependientes de la red insular de acogimiento presentan unos niveles de ocupación “que no son los idóneos para realizar la intervención”.