Fue en la tarde del día 7 del mes corriente cuando un fuego desatado en una ladera del barranco de Santos conduce, cual aleteo de la mariposa, al hallazgo del cadáver de una mujer a la que, tras descuartizarla, la ocultaron en dos petates que tiraron desde el puente de Javier de Loño (popularmente conocido como puente de Loño o del manicomio).
Comprensible resulta que todos los focos, tanto de los medios de comunicación como de los servicios de emergencias, se centraran en el espeluznante descubrimiento, hoy bajo secreto de sumario en investigación que dirige el Grupo de Homicidios del Cuerpo Nacional de Policía, hasta ahora sin avances significativos que hayan trascendido.
A la sombra de dichos focos quedó Ana, una madrileña de 38 años afincada hace casi dos decenios en la Isla, cuya vivienda, en miserable canallada de la Diosa Fortuna, fue la única que se vio afectada por las llamas por mor de una desafortunada concatenación de circunstancias.
El fuego subió por la ladera y, tras prender en unos árboles, esa llama alimentada por un excepcional viento (la Aemet registró rachas de hasta 60 kilómetros por hora en la zona), superó varias casas hasta prender caprichosamente en su tejado por culpa de unas fibras que casi la deja sin hogar. A ella, a sus dos hijas (una de 19 y la otra menor de edad, de 15 años) y a su marido, un dependiente aquejado de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). Los bomberos del Consorcio Insular, para quienes Ana no tiene más que buenas palabras, evitaron que el incendio entrase en la casa, pero se lo dejaron claro: por precaución, nadie podía habitar ese inmueble en los próximos tres días a cuenta de la posible toxicidad del ambiente.
Es aquí cuando comienza el calvario de Ana, que se queda sin techo justo antes de caer la noche en una ciudad donde carece de familiares y amigos lo suficientemente íntimos como para dar cobijo a cuatro personas de un momento para otro. Finalmente, es la madre de su marido quien les da techo sin que a ella le conste que institución alguna se interesase por cómo pasarían la noche estos vecinos de la calle de Faycán, un pasadizo que serpentea entre las viviendas de autoconstrucción propias y que no deja de ser una vía reconocida como tal por el Ayuntamiento de la capital provincial.
Los problemas derivados fueron a más. Es Ana, que con su jornal mantiene a toda la familia, la que tiene que costear la limpieza de su hogar, afectado tanto por el amenazador fuego que casi lo destruye como por la tarea de los bomberos para evitarlo. También es Ana y sus hijas, sin más ayuda que dos vecinos de la misma calle, quien se encarga de limpiar (o cuanto menos adecentar) el largo tramo de la calle de Faycán que da a su vivienda.
Si bien resulta innegable que Ana y su familia son víctimas de una tormenta perfecta que suma al incendio con ese viento extraordinario el descubrimiento casual de un crimen atroz, la vecina manifiesta la sensación de desamparo vivida aquella jornada y las siguientes, a tal punto que acabaron costeando la limpieza de zonas públicas y que, teniendo incluso a su cargo a una menor de edad y a un adulto dependiente, el único apoyo inmediato resultante de su peregrinaje durante dos semanas por los servicios municipales fuera una oferta -inútil por extemporánea e innecesaria- de dos pares de zapatos y dos vestidos que llegó seis días después del incendio por parte de los servicios sociales del Ayuntamiento santacrucero.
La respuesta institucional ofrece sombras pero también luces: además del trato atento que -sostiene Ana- siempre recibió de los bomberos, en los Servicios Generales del Ayuntamiento dio con una funcionaria que la asesora con diligencia para que reclame al menos los gastos de limpieza, tanto de su casa como de la vía pública afectada por el fuego. Sobre este peregrinaje de la vecina y sus hijas por las ventanillas de la administración, hay que apuntar que nada consiguió en su primer intento en la sede del parque de La Granja, que resultó frustrante la respuesta dada en Urbanismo (donde dice Ana que prevaleció el horario a la atención al vecino), la dificultad para saber si la competencia era municipal o correspondía al Cabildo, o incluso al Gobierno de Canarias, la extemporánea respuesta ya citada por parte de los servicios sociales y el hallazgo por acertado de la aludida funcionaria de los servicios generales.
En cuanto al origen del incendio (por ende, responsable de los gastos ocasionados), en principio se apunta a un cable eléctrico, hipótesis no confirmada oficialmente, pero que cuenta con el indicio de que, a consecuencia de aquel fuego, hubo que realizar un corte en el suministro de la zona.
Sería injusto sostener que los servicios sociales municipales hubieran sido más diligentes en la respuesta a la emergencia si el incendio hubiera sido en, por ejemplo, la calle del Pilar. Pero queda claro que, en Barrio Nuevo, las víctimas se sienten olvidadas.
[su_note note_color=”#d0d3d5″ radius=”2″]El Ayuntamiento asegura que sabía que la suegra les daba cobijo
Puestos al habla con el Ayuntamiento, un portavoz oficial sostiene que los servicios sociales supieron aquella tarde-noche que la familia finalmente encontraría techo en la casa de su suegra, y que el protocolo existente prevé recursos tales como el albergue municipal, pero también pisos habilitables para estas emergencias que gestionan organizaciones como Cruz Roja o Cáritas. Lo que sí sorprende al Ayuntamiento es saber que las tareas de limpieza, no ya de la casa, sino incluso de zonas públicas, han recaído en vecinos de Barrio Nuevo. [/su_note]