NATALIA TORRES / VICENTE PÉREZ
La revisión de la autorización ambiental de la Refinería de Santa Cruz, iniciada por la Viceconcejería de Medio Ambiente del Gobierno canario el año pasado, para a adaptarla al Plan de Calidad del Aire del área metropolitana, ha puesto de manifiesto el aparente desinterés del Ayuntamiento capitalino por participar en dicho expediente. Al menos hasta en tres ocasiones, el Gobierno regional se dirigió al Consistorio para pedir informes, tres peticiones que no obtuvieron respuesta de ningún tipo, tal y como se recoge en la resolución de la Viceconcejería.
El expediente iniciado por el área dirigida por Blanca Pérez, en exposición pública estos días, detalla el cronograma de las actuaciones para que la planta de refinado reduzca sus emisiones de dióxido de azufre (SO2) el 29%, así como otros condicionantes como la obligación de elaborar un plan de salud para la población más vulnerable a esta contaminación, y en especial a los niños.
En ese cronograma, el Ayuntamiento fue informado el 2 de marzo de 2015 del inicio de la revisión del permiso ambiental de la Refinería. Ese mes, el día 14, se solicitó al Consistorio que informase sobre qué documentación estimaba necesaria revisar, a los efectos de requerir la misma al titular de la autorización ambiental integrada, “sin que se haya recibido respuesta”, detalla el texto. Tras recibir las alegaciones de Cepsa y conceder audiencia a esta empresa, de nuevo se emitió una comunicación al Ayuntamiento, el 20 de noviembre de 2015, en la que se solicitó informe, “sin que se haya recibido contestación al respecto”.
En el último de los requerimientos, el 11 de mayo de 2016, se da traslado al Cabildo de Tenerife, al Ayuntamiento, a la Dirección General de Salud Pública y a la de Industria y Energía, de las alegaciones de Cepsa, con la propuesta de resolución de la Dirección General de Protección de la Naturaleza, para recabar informe. El Cabildo, que alegó no tener competencias en este asunto, y Salud Pública, que emitió valoración sobre la reducción de emisiones de azufre, hicieron llegar su criterio. El Ayuntamiento dio la callada por respuesta una vez más.
Igual fue la actitud del consistorio en el expediente de revisión de la Autorización Ambiental Integrada para actualizar los valores límites de emisión aplicables a grandes instalaciones de combustión. El 29 de abril de este año Protección de la Naturaleza le solicitó informe y no respondió. Llama la atención que tampoco conste en este caso informe de la Dirección General de Salud Pública, a la que también se le pidió que informara.
La inhibición municipal se produce pese a que, como ha constatado la Consejería regional de Sanidad, por el SO2 de esta industria han aumentado las defunciones, y, como concluye un estudio del Hospital Universitario de Canarias, también los ingresos hospitalarios por enfermedades cardiorrespiratorias. Hasta 30.000 personas viven en la zona más afectada por valores altos de SO2 en el aire, cuando la industria, ahora con su actividad de refino paralizaba, se hallaba a pleno rendimiento.
Datos estos que forman parte de la causa penal que reabrió en julio la Audiencia Provincial por presunto delito contra el medio ambiente y la salud, en un procedimiento abierto a raíz de las denuncias presentadas en su día por los exconcejales de Ciudadanos por Santa Cruz Guillermo Guigou y Ángel Isidro Guimerá.
Ambos exediles, el uno médico y el otro abogado, al igual que la Fiscalía de Medio Ambiente, habían recurrido el archivo dictado por la juez de instrucción, quien, como ha dictaminado la Audiencia, decidió que no hubo riesgo grave para la salud por elevadas concentraciones de dióxido de azufre en la ciudad, sin haber llevado a cabo todas las averiguaciones necesarias.
El anterior gobierno municipal (CC-PSOE) anunció en junio de 2014 su decisión de personarse como acusación particular, pero finalmente el Ayuntamiento no está personado en el caso. Fuentes municipales indicaron que la razón es que el Juzgado rechazó tal pretensión, aunque no ha trascendido por qué motivo exactamente.
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EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO NO SE PUEDE CONSULTAR EN PAPEL POR VACACIONES DEL PERSONAL
El expediente de la revisión de la Autorización Ambiental Integrada de la Refinería para actualizar los valores límites de emisión aplicables a grandes instalaciones de combustión se halla en información pública desde el 3 de agosto de 2016 durante 20 días por resolución de la Viceconsejería de Medio Ambiente del Ejecutivo regional anunciada en el Boletín Oficial de Canarias.
Pues bien, este periódico no ha podido ver el expediente administrativo en papel pese a acudir en dos ocasiones a la sede de esta Viceconsejería (sita en la planta 4 del edificio de Usos Múltiples I), ya que tanto el jueves 11 como el viernes 12 empleados de este organismo del Gobierno canario explicaron que los técnicos encargados de esta materia se encuentran de vacaciones.
Ante la insistencia del periodista por segunda jornada consecutiva y tras las gestiones de varios empleados públicos de Medio Ambiente para buscar una solución -conscientes de la irregular situación que se estaba produciendo-, el viernes este diario pudo ver el expediente en formato digital, sin foliar, aunque no así el tomo en papel. Cabe recordar que se encuentra vigente la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, incorporando directivas de la Unión Europea en esta materia.
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