El Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias (COAC) no es partidario de la supresión de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) si el argumento para ello es solo agilizar el planeamiento, como dispone el anteproyecto Ley del Suelo aprobado por el Gobierno regional.
“La Cotmac sí necesita un lavado de cara, potenciar ciertas funciones y disminuir otras, pero es bueno que haga un control de la legalidad y que tenga una visión regional para establecer una unicidad de criterios”, advirtió ayer el decano del COAC, Joaquín Mañoso.
A su juicio, “desde este punto de vista técnico no tendría sentido que la Cotmac desapareciera, porque en lugar de criterios unificados tendríamos 88 interpretaciones de la ley [tantas como municipios], lo que puede producir una mayor conflictividad y una mayor judicialización” en esta materia.
Mañoso ratifica así una de las conclusiones que la entidad que preside recoge en el informe que ha elaborado sobre el anteproyecto de ley. Un informe que, sin embargo, quiere desvincular de la “polarización” política actual entre detractores y defensores de esta iniciativa legislativa.
“No se puede decir que el COAC rechaza el anteproyecto, esto no es tan fácil como decir que todo es blanco o todo negro, pues saludamos positivamente que se intente aclarar y poner en orden este prolijo mundo del derecho urbanístico, con una maraña legislativa que se da en casi todas las comunidades autónomas; pero también planteamos asuntos de fondo, criticamos algunas aspectos, pues es nuestra obligación aportar una opinión autónoma e independiente en este debate”.
“FALTA DE DIAGNÓSTICO”
En este punto, Mañoso echa en falta que la ley viniera precedida y contuviera “un diagnóstico preciso” sobre los problemas que se pretenden corregir, “porque a lo mejor no provienen directamente de las propias leyes en vigor, sino que tienen que ver con la coordinación o no entre administraciones públicas, entre otros factores”. “No entendemos de dónde se sacan algunas conclusiones, pues es verdad que la práctica cotidiana y la intuición nos indican disfunciones, pero ha faltado ese diagnóstico”, subrayó.
Otro punto con el que discrepa el COAC es el hecho de que sea “una especie de ley reglamento”, con más de 400 artículos y 47 disposiciones adicionales, transitorias y finales, tramitada de un modo “excesivamente apresurado”, pues “para el Gobierno una legislatura es muy corta y quiere avanzar rápido”, incluyendo aspectos que deberían estar en un desarrollo reglamentario posterior.
Expone Mañoso que el anteproyecto, “si se lee con atención, remite a un montón de leyes sectoriales -de turismo, patrimonio histórico, agricultura-, por lo que unos temas están tremendamente desarrollados y otros ni se los nombra, por lo que echamos en falta criterios más claros para desarrollar aspectos sectoriales”.
“REHABILITACIÓN Y RENOVACIÓN URBANA, AUSENTES”
Entre esas omisiones, el decano del COAC menciona la rehabilitación y la renovación urbanas, en lo que el anteproyecto se ha quedado “no corto, cortísimo”, “cuando se trata de una cuestión capital y prioritaria para el futuro de nuestras ciudades”. “Me parece grave que se desaproveche una oportunidad extraordinaria como esta, y más cuando a finales del año pasado se aprobó el Real Decreto Legislativo 7/2015 del texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, que hay que trasponer a Canarias”.
Sobre los procedimientos excepcionales para autorizar actuaciones no previstas en el planeamiento, Mañoso demanda “mayores garantías de control, que no quedan del todo claros en el anteproyecto de ley”.
En este sentido, recordó que el informe del COAC alude a estas “ocurrencias (que no se dice en tono despectivo) o inventos instrumentales”, como los proyectos de interés insular o autonómico.
COMPENSACIÓN POR CONSERVAR SUELO RÚSTICO
Ocurre también con el fondo de compensación a los propietarios por conservar suelo rústico, que se alimentaría con el canon por aprovechamientos de suelos urbanizables. “Estos mecanismos son un tinglado que no van a poder gestionar los cabildos, pues necesitarían organismos que serían más caros que la cantidad que van a pagar a los dueños de suelo rústico”, avisó Mañoso.
Igualmente, sostiene que el anteproyecto “debió reconsiderar los estándares urbanísticos, en lugar de mantenerlos, porque lo que se origina son auténticas cargas a los ayuntamientos, cuando lo que se necesita es facilitar la gestión”.
En cuanto a la necesidad de simplificar y refundir leyes, deja claro que el COAC coincide con el Gobierno canario en este objetivo, al tiempo que destaca el buen trabajo que, en líneas generales, ha hecho el equipo redactor, coordinado por el catedrático de Derecho Administrativo Francisco Villar, que elaboró “un texto correctamente articulado y técnicamente bien expuesto. “Pero el trámite del Gobierno canario ha sido muy apresurado”, remachó Mañoso.