Los alcaldes del Sur están que se suben por las paredes contra el decreto del Gobierno de Canarias que pretende regular las condiciones técnicas y sanitarias de los velatorios, tanatorios, crematorios y cementerios. La nueva normativa, que afecta a toda Canarias, obliga a cumplir unos requisitos que los ayuntamientos de la comarca entienden inasumibles por una doble razón: por motivos económicos (tendrían que afrontar en tiempo récord importantes inversiones en obras de mejora o en nuevas instalaciones) y porque están convencidos de que va en contra de la cultura arraigada en los pueblos de medianías, que es la de compartir un mismo espacio familiares, vecinos y féretro.
La nueva normativa obliga a los municipios a disponer de tanatorios “en edificios singulares de uso exclusivo” que deberán incluir una sala para autopsias y tratamiento de los cadáveres, cámaras frigoríficas y dependencias para familiares y visitantes “totalmente independiente del acceso y circulación del cadáver”. Respecto a los velatorios, además de ubicarse también en edificios singulares de acceso exclusivo, el decreto obliga a unas normas que incluyen un área destinada a familiares y público en general incomunicada de la zona de exposición del cadáver, “que debe estar separada por un tabique completo con acristalamiento o bien con túmulo”. Estas modificaciones obligarán a los ayuntamientos a hacer obras en las actuales salas velatorios o a buscar nuevas ubicaciones.
Estos requisitos, a fecha de hoy, se ven inviables entre las autoridades municipales. “Los alcaldes del Sur creemos que estas disposiciones legales no se ajustan a las costumbres de Canarias y mucho menos de sus zonas rurales. Una cosa es que la familia no pueda manipular el cadáver y otra es que no pueda despedirse o no pueda velarlo y que todo el pueblo no pueda estar en una sala pequeña, porque los sitios tenderán a ser pequeños y controlados”, afirma Jaime González Cejas, alcalde de Granadilla, que advierte sobre otro aspecto que también preocupa: “La gran mayoría de criptas o velatorios están en los sótanos de las iglesias o en sus cercanías y si se aplica la ley, que especifica que las instalaciones son incompatibles con cualquier otro uso, la iglesia dirá ‘lo siento mucho, pero yo necesito estas instalaciones para mis cosas”, apunta el regidor chasnero. “Vamos a proponer a través de la Fecam que continúe la prórroga y que se busquen soluciones más racionales que tengan en cuenta la forma de ser de nuestra población, además de que económicamente los ayuntamientos no disponemos de recursos para acondicionar tanatorios y velatorios en todos los pueblos y barrios de Canarias donde haya una ermita”, advierte González Cejas.
Más contundente, si cabe, se muestra Pedro Martín, alcalde de Guía de Isora. “Esta norma es el resultado de legislar sin tener en cuenta a los ayuntamientos y menos aún la realidad social de los ciudadanos de nuestros municipios; es un disparate”, afirma. Para el mandatario isorano, “no supondrá ninguna mejora de los servicios mortuorios, ni garantiza una mayor seguridad y además obliga a los ayuntamientos a realizar un gasto indecente en los tiempos que corren y que podríamos destinar a otros fines sociales”. Incluso va más allá, al asegurar que con esta medida se facilitará la privatización de los servicios mortuorios, “alejándolos de los ayuntamientos, que llegamos a todos los núcleos y prestamos una función social importantísima”. Preguntado sobre las estrictas condiciones sanitarias que exige el decreto, Martín subraya que en 21 años de alcalde solo recuerda un caso que supuso un riesgo de infección que obligó al sellado de la caja y la incineración del cadáver. “Mi impresión es que esto está hecho por personas que no piensan en el servicio de los vecinos porque lo ven todo detrás de un escritorio”, concluyó.
En parecidos términos se expresa Arturo González, alcalde de San Miguel, un municipio que cuenta actualmente con seis criptas. “Adaptarlas a las exigencias conlleva un coste considerable, de más de medio millón de euros, que a corto plazo no podemos acometer y centralizarlo en un tanatorio es imposible con la dispersión de pueblos y barrios que tenemos; la gente quiere velar a sus difuntos en su localidad y no podemos ir contra esa costumbre”. Junto al descuadre económico, González incide también en otro factor social. “En los pueblos no existe la costumbre de velar a los seres queridos a través de un cristal; en ese momento de dolor se pierde intimidad y cercanía, aquí no se entendería”, advierte. Por todo ello reclama al Gobierno de Canarias que sea lo suficientemente sensible como para extender la prórroga al menos dos años más y que la nueva normativa sea más flexible.
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La nueva normativa obligará a acondicionar todas las criptas de cada municipio (algunos tienen más de media docena), lo que supondrá destinar importantes cantidades presupuestarias de las debilitadas arcas públicas locales. Aquellos lugares que no reúnan las condiciones, ni siquiera ejecutando obras, tendrán que ser sustituidos por nuevas instalaciones en otro emplazamiento. “¿Dónde buscas tú un suelo en las afueras de los pueblos de la noche a la mañana?”, se pregunta un alcalde. De lo contrario, los difuntos tendrán que ser trasladados a otras localidades del municipio que cuenten con velatorios o tanatorios adaptados a la nueva normativa. “¿En qué cabeza cabe que un ser querido se lo lleven a otro pueblo para velarlo?”, apunta, indignado, otro de los regidores, que recuerda que los ayuntamientos del Sur han invertido en criptas y en salas de velatorios para llegar a todos los núcleos habitados, “a diferencia de algunos ayuntamientos grandes, que no se han gastado ni un duro porque cuentan con tanatorios privados”[/su_note]
[su_note note_color=”#d0d3d5″ radius=”2″]Una medida que afecta a los 88 municipios canarios
El decreto 132/2014, de 29 de diciembre, de Sanidad Mortuoria, supone un cambio en la normativa vigente desde 1974. Regula las condiciones técnico-sanitarias que han de cumplir los velatorios, tanatorios, crematorios, cementerios y demás lugares de inhumación. La Federación Canaria de Municipios (Fecam) inició negociaciones con el nuevo equipo de la Consejería de Sanidad para alcanzar un acuerdo que minimizara los efectos de la norma. En noviembre de 2015, la Fecam acordó solicitar el aplazamiento del decreto y remitir una proposición no de ley a los grupos parlamentarios para fijar un periodo de adaptación de dos años y medio bajo el argumento de que los consistorios no podían hacer frente a las “costosas” inversiones. El 9 de marzo de 2016 el Parlamento de Canarias aprobó la iniciativa presentada por todos los grupos que instaba al Gobierno de Canarias a la paralización del decreto. Ahora rige la prórroga.[/su_note]