José Gumersindo García Trujillo y Domingo Tomás Ramos Díaz, alcalde y edil de Urbanismo de Candelaria desde 2001 a 2015, respectivamente, han sido condenados a tres años (la Fiscalía pedía ocho) de inhabilitación especial para empleo o cargo público, así como el pago de las costas del juicio, como autores responsables de un delito de prevaricación administrativa del artículo 404 del Código Penal, con la concurrencia de la circunstancia atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas. Así consta en la sentencia dictada el martes por el magistrado Marcos Díaz Peteiro, tras la vista oral del 28 de abril en el Juzgado de lo Penal número 4 de La Laguna. Los acusados no quisieron hacer ayer declaraciones al desconocer aún la sentencia. No obstante, su abogado tiene el recurso de apelación preparado para la Audiencia.
La causa se genera cuando el Ayuntamiento de Candelaria abona 240.000 euros, cuatro años después de terminadas (2005) las obras de ampliación, reforma y nueva creación de vestuarios del campo de fútbol de Barranco Hondo, a pesar de que la técnica municipal Raquel Rosa Orihuela manifestó (en marzo de 2009) su no conformidad a las facturas presentadas por PPL, y al informe desfavorable de la Intervención (julio de 2009).
La suma de las facturas ascendía a 324.704,95 euros, importe muy superior al revisado por la Oficina Técnica, 243.867,70 euros. Al final, las facturas que emitió PPL y que pagó el Ayuntamiento sumaron 240.145,42 euros, cuando el proyecto inicial era de 98.000 euros, divididos en tres contratos (52.000, 20.000 y 26.000 euros). Cuando se pagó, Raquel Rosa Orihuela fue despedida.