La primera jornada del juicio penal por el caso Las Teresitas, destinada casi en exclusiva al tratamiento de las cuestiones previas trajo consigo los primeros desencuentros entre las partes a la espera de que el lunes empiecen a comparecer los testigos. Como suele ocurrir en estos casos, tales cuestiones previas serán resueltas por el tribunal en la sentencia y su verdadera importancia se verá en caso de futuros recursos.
Lo más llamativo fueron los cambios realizados por la Fiscalía en sus conclusiones provisionales, dado que considera ahora a los empresarios implicados como cooperadores necesarios en lugar de inductores. Por su parte, los abogados defensores argumentaron distintos motivos para suspender el juicio o exonerar a sus defendidos, entre los cuales están las de la prescripción de los hechos, que se trata de cosa juzgada y distintas causas de indefensión, lo que incluyó duras críticas a la instrucción del caso dado que varios de los acusados sostienen que se les tomó declaración sin que se les informara sobre los hechos que se les achacaban.
También cabe destacar la impugnación de la Fiscalía a la admisión como prueba de un informe del arquitecto Javier Domínguez Anadón. La titular provincial de Anticorrupción, María Farnés, sostiene que tal informe es una pericial jurídica, que son aquellas que no aportan conocimiento al proceso sino que se limitan a disquisiciones sobre cómo aplicar las normas, algo totalmente prohibido. La fiscal incluso sostuvo que tal informe está firmado por uno de los abogados defensores, Angel Luis Guimerá, extremo que éste negó de forma vehemente.
Por lo que respecta a los argumentos de los abogados defensores, reseñar que de nuevo se planteó la cuestión de la prejudicialidad de la causa y el hecho de que la misma se ventile en otras jurisdicciones (la sentencia de un juicio civil espera por esta causa para la sentencia). Cabe recordar que en la sentencia del caso Mamotreto se trató este asunto extensamente y no parece que haya cambiado el criterio de la Sala desde entonces. Además, también se impugnó la presencia de dos policías nacionales y una inspectora de Hacienda como testigos con el argumento de que su relación con el caso se debe a la acusación de cohecho, finalmente descartada por el Ministerio Público antes de finalizar la instrucción.
Ni que decir tiene que los abogados defensores rechazaron casi todos los argumentos de la Fiscalía y viceversa. En el aire quedó una cuestión que pronto tendrán que resolver los magistrados, ya que varios de los acusados solicitaron ser exonerados de su obligada asistencia en las sesiones menos relevantes por distintas causas. Lo pidió en primer lugar el abogado que defiende al funcionario Víctor Torres para que éste cause baja lo menos posible en su trabajo, pero al pronto se adhirieron por motivos de salud los representantes legales del exedil de Urbanismo, Manuel Parejo, y del empresario Ignacio González Martín, quien ya presentó un informe médico al respecto.
Como recordará el lector, se pide un total de 60 años de cárcel (y no 52 como se publicó ayer por error) para 13 acusados por la presunta comisión de los delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos. Entre ellos se encuentran los exalcaldes capitalinos Miguel Zerolo y José Emilio García Gómez, así como empresarios del nivel de Antonio Plasencia y el citado González Martín.
Los terrenos que protagonizan este litigio fueron adquiridos por más de 52 millones de euros a Inversiones Las Teresitas SL, una empresa de Plasencia y González, que a su vez los habían comprado a la Junta de Compensación por casi 20 millones menos tres años antes. La polémica siempre rodeó a esta compraventa (anulada seis años después por el Supremo), dado que la entonces arquitecta municipal valoró los terrenos por mucho menos y Tinsa por varios millones más. La Fiscalía acusa a los imputados de “comportamiento arbitrario y postura antieconómica e irracional en la fijación del precio pagado a los empresarios”, lo que éstos niegan.
[su_note note_color=”#d0d3d5″ radius=”2″]El presidente de la Audiencia critica al Gobierno por falta de medios
El presidente de la Audiencia provincial, Joaquín Astor Landete, lamentó las carencias de la sala (a pesar de que es la de mayor cabida del actual Palacio de Justicia) donde se celebra desde ayer el juicio por el caso Las Teresitas y criticó al Gobierno de Canarias por la falta de apoyo ante una cita de estas características. “Hace más de 12 años que reclamamos una nueva sede judicial al Gobierno de Canarias”, se quejó Astor, quien preside este juicio en su calidad de presidente de la Sección Segunda”. El magistrado desveló que a mediados del pasado julio dirigió un escrito a la Dirección General de Justicia para solicitar la habilitación de una sala contigua y destinarla a la prensa, pero la respuesta no solo fue negativa sino que llegó hace tres días. Tampoco habrá un refuerzo para el letrado de la administración de Justicia, que se ausentará en varias sesiones. Apuntar que el notable esfuerzo de los funcionarios hizo que las estrecheces vividas ayer pasaran inadvertidas. [/su_note]