La Iglesia tratará mañana de abrir un cauce de diálogo entre el Gobierno y la oposición en la cumbre de Isla Margarita, mientras la tensión en el país aumenta y la falla social que divide Venezuela es cada vez más insalvable. Una huelga general, manifestaciones en las calles, declaraciones incendiarias y la profunda crisis económica que sufre el país, con una población sin acceso a productos básicos, es la antesala de este encuentro. Una cita que es la prolongación de la propuesta de diálogo nacional iniciada por varios expresidentes bajo el paraguas de Unasur, con la que la oposición ha sido muy crítica. La presencia eclesial, no obstante, ha facilitado que la Mesa de la Unidad (MUD) confirme que estará presente en esa reunión de la que no se esperan grandes resultados.
El diálogo va a ser complejo porque ambas partes no parece que vayan a mover un centímetro de lo que marca hoy la línea roja: la activación o no antes de que termine este año del referéndum revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. De hecho ha sido el auto judicial que paralizó la recogida de firmas para su convocatoria lo que ha desatado una ola de protestas en el país, que tuvo su momento álgido con las multitudinarias manifestaciones que se celebraron el pasado miércoles bajo el lema Toma Venezuela.
Ayer fue un claro reflejo de una sociedad partida. Mientras la oposición alentaba la huelga, bajo la amenaza oficialista de intervenir las empresas que detuvieran su actividad, el Gobierno hacía una movilización pública en favor de la educación y contra el paro laboral.
Desconfianza hacia el proceso por la distracción que pueda traer
Partidos políticos y organizaciones civiles, como Human Rights Watch (HRW), desconfían de la iniciativa. Así se lo han hecho saber al papa Francisco en una carta, en la que le advierten de que el diálogo podría ser una distracción para evitar que “se restituya el orden constitucional”
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El TSJ frena la investigación de malversación en la petrolera del Estado
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ha anulado la investigación parlamentaria sobre la malversación de unos 11.000 millones de dólares (alrededor de 10.088 millones de euros) en la petrolera estatal PDVSA entre 2004 y 2014. La comisión de contraloría de la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, denunció la existencia de corrupción durante la década en la que Rafael Ramírez, actual representante de Venezuela ante Naciones Unidas, ejerció la presidencia de la compañía.
Ramírez, quien ha negado los cargos en su contra, había solicitado al TSJ amparo contra la investigación, que se enfocó en 11 casos, que van desde un escándalo bancario en Andorra al presunto sobreprecio en la compra de equipos petroleros. El TSJ ha admitido la solicitud de nulidad y, si bien la sentencia completa no estaba aún disponible, el propio Ramírez ha confirmado el contenido de la misma a la agencia británica de noticias Reuters.
Los diputados que dirigieron la investigación habían dicho que buscarán que se presenten cargos penales contra Ramírez y otros directivos de PDVSA supuestamente involucrados en las irregularidades, entre ellos el actual presidente, Eulogio del Pino.
PDVSA ha estado envuelta en varios escándalos de corrupción. Esta semana, Suiza entregó a Estados Unidos unos 51 millones de dólares en activos congelados. Estos activos estaban vinculados a una investigación estadounidense sobre un esquema de corrupción de unos mil millones de dólares.
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