Convencido de que igualdad y equidad van de la mano, el grupo de Unid@s Sí Podemos (USP) ha presentado una serie de modificaciones en las ordenanzas fiscales del Ayuntamiento de La Orotava para el próximo año que han sido aceptadas por el Gobierno municipal.
Ello supone un cambio importante para los vecinos, que a partir del año próximo no tendrán que pagar por la expedición del certificado de empadronamiento, un trámite que además se puede hacer online para ahorrar costos y destinar una persona a hacer otro trabajo, como por ejemplo, actualizar el censo.
Así lo expuso ayer el portavoz de USP en el Consistorio, Raúl González, quien junto a su compañera de formación Acacia Martín, dieron a conocer sus propuestas, fruto de un intenso trabajo de grupo y de un “proceso de negociación” con los nacionalistas.
Tampoco se abonarán las compulsas, documentos extendidos por las oficinas municipales, y la tasa por participación en pruebas selectivas de acceso al Ayuntamiento, lo que contribuirá a aliviar la carga fiscal de la ciudadanía respecto a los impuestos y tasas, que se encuentran entre las más altas de toda Canarias pese a la desahogada situación financiera del Consistorio.
Respecto a las bonificaciones, destaca el 50% en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) por inicio de actividad durante un máximo de cinco años, siempre y cuando no se supere un límite de beneficios, que se sumaría a los dos años de exención que ya se contemplan. Por medio del mismo impuesto se beneficiará a las empresas que introduzcan mejoras medioambientales y de accesibilidad para personas con movilidad reducida.
Para fomentar el empleo también se compensará con el mismo porcentaje la creación de puestos de trabajo indefinidos que tengan en cuenta la igualdad de género y contraten a personas con diversidad funcional, mayores de 50 años o parados de larga duración.
Impuesto de rodaje
En el impuesto de rodaje, la bonificación pasará del 50% al 75% en función del carburante utilizado y de su afección al medio ambiente, una medida que beneficiará a los coches eléctricos e híbridos. En este sentido, Raúl González criticó que el Ejecutivo nacionalista haya rechazado la iniciativa para impulsar a las empresas adjudicatarias de nuevos servicios a que empleen este tipo de vehículos.
La propuesta de USP respecto a la posibilidad de aplicar un recargo del 50% en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a viviendas que estén desocupadas y sean propiedad de entidades financieras, dependerá del informe de los servicios jurídicos municipales.