La esperanza de vida del Gobierno de Canarias se sitúa en los dos años y medio. La excepción es el segundo mandato de Paulino Rivero, de la mano de José Miguel Pérez (PSOE). Las constantes vitales del actual Ejecutivo barruntan un fatal desenlace. Se mantiene con respiración artificial asistida y en su círculo más cercano ya están prevenidos para lo peor. ¿Qué pasaría después si no encuentra remedio a la enfermedad? Depende de si el proceso de resurrección lo lidera Fernando Clavijo o Patricia Hernández. Y de los acompañantes en cada supuesto.
Lo más próximo sería la controvertida Ley del Suelo: el proyecto saldría reforzado si CC va del brazo del PP. Al contrario, Podemos y Nueva Canarias revertirían el calcetín. En cualquier caso, la proposición del Cabildo de Tenerife sobre Güímar acabaría en los barrancos. Hasta el Partido Popular se opone a su tramitación. Los presupuestos tampoco serían los mismos, aunque prácticamente no hay tiempo para cambiar los de 2017.
Probablemente, el fondo de desarrollo financiado con dinero procedente de la suspensión de la compensación por la extinción del IGTE sería revisado en un sentido u otro: más social o volcado a las infraestructuras. Habría que replantearse en qué consiste la ejecución de “inversiones estratégicas que contribuyan a la generación de empleo”. Esta reflexión procuraría trabajo a los filósofos de la política.
Así como Clavijo se centra en la gestión del territorio, Hernández impulsa la Ley de Servicios Sociales. La vicepresidenta pretende “acabar con la beneficencia y el caos del sistema”, al pasar “de lo asistencial a los derechos”. Tras casi un año de preparativos, en octubre fue presentado un “documento de consenso que recoge todas las propuestas del sector”. El texto llegará al Parlamento una vez superado el periodo de la exposición pública y el estudio de las alegaciones. Para el PSOE representa mucho y no admitirá vacilaciones en el apoyo a esta emblemática iniciativa.
La reorganización de la estructura directiva y el nombramiento de nuevos cargos de confianza en RTVC descolocó a los socialistas ante lo que se interpretó como un reparto de áreas de influencias. “Una provocación de Clavijo”, denunció Román Rodríguez (NC). La parálisis y el enfrentamiento interno en el Consejo Rector de Radiotelevisión Canaria ponen constantemente a prueba la lealtad de los aliados en el bipartito. La “renovación completa” del órgano se fía a la modificación de la norma aprobada el 18 diciembre de 2014 sin los votos del PP.
La agenda legislativa cerrada el 1 de agosto incluye 40 proyectos. Se persigue que la Comunidad Autónoma “consolide en el ámbito de su ordenamiento las garantías precisas para asegurar la efectiva consecución de los principios fundamentales de seguridad jurídica, eficiencia, transparencia, y acceso a la información pública, con el fin último de poner a disposición de la ciudadanía mecanismos que les permitan conocer las actuaciones de las administraciones públicas, y la posibilidad de participar en su elaboración y evaluación”.
Además de las mencionadas, han sido programadas las reformas de las leyes de Juegos y Apuestas; de la Protección de los Animales; de la Juventud; de Mediación Familiar; del Transporte por Carretera, y de la Agencia Tributaria. El catálogo incorpora la ley de los Altos Cargos y Buen Gobierno; las de los colegios de Higienistas Dentales, de Logopedas, de Dietistas y Nutricionistas, de Terapeutas Ocupacionales, y de Pedagogos y Psicopedagogos; de Prevención y Protección contra la Violencia de Género; la adecuación de los límites de determinados espacios de la red de Espacios Naturales; de Montes; de la Policía Canaria; la inclusión de Cláusulas Sociales en la Contratación Pública, y la ordenación sanitaria.
“En ocho meses”, proclamó Fernando Clavijo el 29 marzo de 2016 en la Asamblea regional, “se han dado pasos de gigante para cambiar la situación que se vive en el Archipiélago, con espacios de diálogo que antes no existían y reabriendo debates que parecían estancados”. Ha transcurrido tanto tiempo como hasta entonces.
[su_note note_color=”#d0d3d5″ radius=”2″]
El Estatuto aguarda su oportunidad en las Cortes Generales
La reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias aguarda su oportunidad en las Cortes. La propuesta la aprobó el Parlamento en la anterior legislatura (2015) solo con el aval de CC y el PSOE. No estaban Podemos ni Agrupación Socialista Gomera. Los movimientos en cualquier dirección condicionarán su evolución.[/su_note]