La última cantera de áridos fue clausurada hace ocho años en los barrancos de Güímar. Sus huellas siguen ahí sin que ninguna administración pública sepa bien cómo rellenar esos grandes ocho hoyos dejados por cuatro decenios de brutal extracción, cuando fueron ellas las que hicieron la vista gorda mientras los areneros sacaban millones de metros cúbicos de arena y revuelto, sin restaurar, como marca la Ley de Minas. Ahora, una sentencia firme obliga a cuatro areneros -un quinto falleció- a restaurar el medio ambiente destruido so pena de entrar dentro de un año en la cárcel, evaluándose el gasto solo de la rehabilitación de sus canteras en unos 200 millones de euros. Sin embargo, la sentencia dictada en enero por el juez Landete obliga a las administraciones competentes (Gobierno canario, Cabildo y Ayuntamiento) a supervisar el plan de rehabilitación, y ahí es donde está el problema: ninguna de las tres se pone de acuerdo. Una teme las posibles indemnizaciones a los areneros, otra insiste en una iniciativa legislativa para cambiar el suelo de minero a rústico y el Ayuntamiento güimarero aboga por un macroproyecto turístico.