La CEOE-Tenerife (Confederación Española de Organizaciones Empresariales) reiteró ayer, por boca de su presidente, José Carlos Francisco, su apoyo al proyecto de Ley del Suelo que el miércoles pasó su primer trámite parlamentario. Pero al mismo tiempo expresó su preocupación por cómo quedará finalmente el procedimiento de aprobación de planes, después de que los grupos de gobierno (CC-PSOE) hayan pactado, a petición de los socialistas, que un órgano regional, aunque no sea la Cotmac, mantenga la evaluación ambiental estratégica del planeamiento territorial, función que en la redacción del proyecto de ley quedaba en manos de órganos de nueva creación en ayuntamientos y cabildos. “Los diputados deberán mirar esa anunciada modificación con mucho cuidado, pues si se trata de que el Gobierno canario haga la evaluación ambiental, esta labor debe circunscribirse exclusivamente a aspectos de competencia ambiental, sin entrar, como ahora ocurre con la Cotmac, en aspectos de orden territorial urbanística, haciendo consideraciones sustantivas propias de otros órganos”, subrayó el presidente de la CEOE-Tenerife. A su juicio, volver, incluso parcialmente, al procedimiento que precisamente se quiere reformar puede ir en contra del objetivo propuesto: desbloquear la tramitación del planeamiento.
Francisco -que ha escrito libros en los que abogó por desmantelar la Cotmac- subraya que hay planes generales de ordenación que han sido suspendidos precisamente por el escollo de la evaluación ambiental. En todo caso, Francisco se limitó a solicitar al Parlamento canario que “estudie bien este asunto” y todos los demás, para que el proyecto de ley propicie, entre otros objetivos, una mayor agilización de la tramitación de los planes generales, ya que con el sistema vigente se prolonga en algunos casos hasta 12 años.
Lo cierto es que el documento que esta semana ha debatido el Parlamento regional no recoge aún las enmiendas conjuntas de CC y PSOE, y que deberán plasmar el acuerdo alcanzado entre ambos partidos hace unos días para resolver la crisis del pacto. Entre las 11 condiciones establecidas figura, por exigencias de los socialistas, que la evaluación estratégica se apruebe por un órgano colegiado de la Comunidad Autónoma (ese ente es hoy la Cotmac). Un cambio que no gusta al PP, al punto de que en el pleno parlamentario del miércoles, en el que cuatro de los seis grupos parlamentarios dieron el visto bueno a tramitar el texto promovido por el Gobierno canario, advirtió de que se trata “de una bomba de relojería al proyecto de Ley del Suelo” y que, de rescatarse finalmente un órgano como la Cotmac, el Grupo Popular votará en contra de la reforma legislativa.
Otro acuerdo entre CC y PSOE, aún no reflejado en el proyecto de ley, es una disposición adicional que fije las Directrices de Ordenación General, de las no contempladas en la futura Ley del Suelo, que quedarían en vigor con rango reglamentario hasta la aprobación del decreto correspondiente.
El PSOE defiende garantizar que los usos complementarios previstos en suelo rústico sean solo asociados a la actividad agrícola y ganadera, para evitar que la nueva ley sea la puerta de entrada a la urbanización del campo, como dejó claro durante el debate parlamentario del miércoles. Según ha aclarado CC, la evaluación ambiental estratégica que seguiría en manos autonómicas solo entraría en la ordenación estructural del planeamiento, no la detallada.