El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha admitido a trámite una querella contra el embajador de España en Kabul, Emilio Pérez de Agreda, por delitos de homicidio imprudente y siete en grado de tentativa por la falta de medidas de seguridad en el atentado contra la embajada en Afganistán cometido el 11 de diciembre de 2015 y en el que murieron dos policías.
Además, dirige el procedimiento contra el segundo máximo responsable de la legación diplomática, Oriol Solá, y acuerda notificar la resolución a la Abogacía del Estado, en nombre de los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Interior, por si desean personarse en defensa de los investigados.
El juez, que ha aceptado la denuncia formulada por las familias de los agentes que se vieron implicados, advierte que de la nueva causa puede derivarse responsabilidad civil, tal y como reclaman los afectados.