El Ayuntamiento de Santa Cruz quiere convertirse en 2017 en un dinamizador de la actividad económica y no solo a través de la organización de actividades en la calle sino también generando movimiento en el mercado privado, en este caso el inmobiliario. Y es que, según avanzó ayer la concejal responsable de Viviendas Municipales, Carmen Delia Alberto, el año que viene se pondrá en marcha la que será la primera bolsa de viviendas de alquiler gestionada directamente por el Consistorio y cuyo objetivo es ofrecer a los vecinos arrendamientos más económicos. Para ello contará con 161.800 euros. Este proyecto está dirigido a personas con ingresos bajos o medios, que tengan dificultades para obtener una alquiler. “Queremos movilizar el mercado privado y para ello ofreceremos una serie de garantías a los arrendadores que les animen a poner su vivienda en alquiler”.
Esas garantías de las que habla la edil consisten en garantizar el cobro del alquiler, al ejercer Viviendas Municipales como avalista de los inquilinos, y en asegurar que el piso será entregado en las mismas condiciones que se arrendó para lo que se contratará una póliza de seguros. “Se trata de lograr acuerdos con entidades o particulares para movilizar el parque de vivienda vacía y poder disponer de pisos a un precio más económico”, añadió el director ejecutivo de Viviendas Municipales, Juan Ramón Beltrán.
Este proyecto es similar al que en su día puso en marcha el Gobierno de Canarias con la bolsa de vivienda de alquiler joven que quedó paralizado con la crisis. “Tendrá una programación plurianual por lo que a las viviendas que podamos sumar en 2017 se irán añadiendo casas en años sucesivos”, aclaró Alberto.
La Sociedad Municipal tiene como objeto principal la ejecución del Plan de Vivienda Estatal que, según la programación prevista, debía finalizar el 31 de diciembre de este año aunque, tal y como recordó Carmen Delia Alberto, el Gobierno central se ha comprometido a prorrogarlo al menos un año más. “De ser así podríamos ampliar el número de viviendas en las que ya estamos interviniendo de forma que sumarían 265 repartidas en 16 edificaciones y cuya rehabilitación tendría un coste de 2,7 millones de euros”. Sin embargo, la edil quiso ser prudente, “nosotros lo hemos consignado en nuestro presupuesto, la parte municipal que es de 567.000 euros, pero hasta que no se confirme esa prórroga, no podemos garantizar que el dinero sea puesto por el resto de las administraciones”. En este caso, el Estado tendría que poner 1.057.000 euros, la Comunidad Autónoma 703.000 y el Cabildo 339.00 euros. La distribución de las viviendas, aquellas en las que ya se ha constituido la comunidad de propietarios, que tiene que aportar el 10%, son: 68 viviendas en Santa María del Mar, 70 en Miramar, 42 en La Salud, 15 en Ofra y 60 en la barriada de La Victoria. A estas actuaciones hay que sumar la encomienda del Ayuntamiento para finalizar la urbanización de Cuesta Piedra, por valor de 400.000 euros, y que se ejecutará el año que viene, poniendo fin a la intervención de la zona.
En cuanto al resto de acciones que la Sociedad de Viviendas Municipales puede llevar a cabo, destaca la previsión de beneficios que está en 400.000 euros frente a los 200.000 de este ejercicio y que en la liquidación provisional del presupuesto deja en algo más de 120.000 euros el beneficio de la entidad pública. Una sociedad cuyos principales ingresos proceden de la prestación de servicios a otras administraciones y de la gestión del patrimonio municipal que asciende a 1.500 viviendas.