La última pieza separada del caso Arona 1 quedará hoy vista para sentencia después de las conclusiones finales. En ella se juzga al exalcalde José Alberto González Reverón por cinco casos en los que supuestamente incurrió en prevaricación, tráfico de influencias y coacciones, y a la exsubinspectora de la Policía Local Hortensia García por supuesta prevaricación.
En la sesión de ayer, tras las testificales y la audición de las escuchas telefónicas y lectura de SMS, con el exalcalde con la cabeza gacha, se abordó la presunta política “clientelar” que pudo realizar González Reverón durante su mandato (2003-2012).
Ángel Artillos, responsable de contrataciones de la empresa concesionaria de limpieza y jardines, sostuvo que el exmandatario nacionalista influía para que se diera empleo a personas determinadas.
“Muchas veces el alcalde daba nombres” y era habitual que llamara para pedir la contratación de personas concretas, según testificó Artillos en la vista oral. Pese al testimonio de Artillos, otros testigos confirmaron las llamadas del alcalde interesándose por los asuntos objeto de juicio, pero negaron que se realizara ninguna actuación al margen de la normativa.
Así, tanto la directora de la guardería como la trabajadora social encargada de tramitar las solicitudes negaron cualquier trato de favor para la hija (Nur) de un amigo del alcalde, aunque admitieron el interés del regidor.
Además, la exconcejal aseguró que en su departamento se hacían listas con vecinos con problemas económicos y sociales para proponerlos como empleados en sustituciones en la empresa concesionaria de la limpieza. Sin embargo, el responsable de contratación de esa empresa, Ángel Artillos, dijo que en sus siete años en el puesto solamente en una ocasión le mandaron del Ayuntamiento una lista semejante.
Berto, ¿el conseguidor?
El caso Arona ha dejado en el aire las sospechas de que José Alberto González Reverón, Berto para sus conocidos, pudo ser el gran conseguidor de Arona desde 2003 a 2012, cuando desplegó supuestamente una política con el ánimo de favorecer a vecinos necesitados. Entre los interrogantes, se señala si en ocasiones, también aprovechaba para afiliar a nuevos integrantes a Coalición Canaria, como a Carlos Tacoronte a quien promocionó para entrar en la Cámara de Comercio. Hasta Paulino Rivero y José Manuel Bermúdez, compañeros de partido, le llamaron para “pedirle favores”, aunque su sobrina y sus amigos, respectivamente, no dieran, en estos casos, la talla para ser policía., con lo que nunca se consumó el presunto enchufe. En ese sentido, ¿recomendaba trabajadores a concesionarias, lograba guardería para amigos o perdonaba multas?, son algunas de las acusaciones a las que se enfrenta en esta pieza separada, cuando ya en sus espaldas carga una mochila de 12,5 años de inhabilitación y se enfrenta a más del triple por esta última pieza separada y el grueso del caso Arona, incluso también a una pena de cinco años de cárcel.