No aguantan más. Al clamor ciudadano y político por el caso Alba se han sumado los propios magistrados de Las Palmas, principales perjudicados por el descrédito que sufre hoy la Justicia en la provincia oriental a cuenta de las grabaciones que tienen como eje central a este juez de la Audiencia provincial de Las Palmas, Salvador Alba, cuya conducta se presume cuanto menos reprobable. Así, la Junta General de Jueces de Las Palmas de Gran Canaria emitió ayer un durísimo comunicado en el que exige que se depuren las responsabilidades penales o disciplinarias que pudieran derivarse del contenido de las grabaciones difundidas en los medios de comunicación con conversaciones del juez Alba.
Fue el decano del partido judicial de Las Palmas de Gran Canaria, Óscar González, quien, sin admitir preguntas, dio lectura al comunicado que expresa el sentir unánime de los 34 magistrados que han asistido a la reunión de la junta para abordar una situación que se vive desde hace meses y que consideran que es de “extrema gravedad”, además de “denigrar” la imagen de la Justicia.
Esto se debe a una grabación hecha por Alba hablando con sus compañeros de la Audiencia de Las Palmas y a otra anterior que el empresario Miguel Ángel Ramírez le hizo al magistrado proponiéndole presuntamente un arreglo ilícito de un caso instruido por él en perjuicio de la jueza Victoria Rosell. Unos hechos que, a juicio del pronunciamiento de la junta, “habrían merecido la intervención inmediata” de los órganos de gobierno de los jueces, “siquiera de forma cautelar, restaurando la imagen de la Justicia y la dignidad de la función”. De hecho, desde la junta se señala que la “pasividad” de los que tienen la “misión de protegerles frente a ataques externos e internos” le ha obligado a pronunciarse por representar a los órganos jurisdiccionales unipersonales de Las Palmas, pues se sienten igual de “sorprendidos y perplejos” que el resto de la ciudadanía. No en balde, es tal el nivel alcanzado por este escándalo que dos políticos tan poco afines como el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo (Coalición Canaria), y el del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales (Nueva Canarias), ya exigieron la semana pasada que Alba fuera apartado cautelarmente de sus funciones. La medida tiene su relevancia, por cuanto está previsto que juzgue casos tan destacados como las presuntas tramas de corrupción Unión y Faycán.
La junta, que califica estos hechos de “extrema gravedad”, exige “pleno respeto” a las resoluciones judiciales de los tribunales y pide que se depuren responsabilidades de “todos aquellos” que, de acreditarse, fueran susceptibles de reproches en términos penales o disciplinarios, pues, como colectivo, los jueces de Las Palmas se sienten cuestionados. Expone también que se trata de unos hechos que, aparentemente, “transgreden” los principios básicos que han de presidir su función constitucional y fueron realizados por quienes están íntimamente sometidos a ellos, algunos de los cuales son objeto de investigación judicial y, a su vez, podrían ser objeto de reproche disciplinario.
Por último cabe reseñar que en el comunicado hacen constar que los magistrados que sirven en este partido desarrollan su labor con “pleno sometimiento a los principios de independencia, imparcialidad e igualdad ante la ley, sin que hechos excepcionales referidos a personas concretas puedan enturbiar su trabajo por encima de estándares cuantitativamente y cualitativamente razonables”.
Con copia al Poder Judicial y a la sala de gobierno del TSJC, que se reúne hoy
El duro comunicado emitido ayer por los jueces de Las Palmas tiene dos destinatarios: el Consejo General del Poder Judicial y la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que tiene previsto celebrar hoy una reunión y que podría tomar algún acuerdo al respecto n