Carmen Luisa Castro sigue su cruzada contra la iniciativa legislativa que ha impulsado el Cabildo en el Parlamento canario para restaurar los barrancos de Güímar. La alcaldesa es rotunda : “Al Cabildo no le importan Güímar ni restaurar los barrancos”.
Insiste en que “solo quieren desprestigiarme, que soy una fantasiosa, pero yo soy la única que ha presentado un proyecto y ellos siguen hablando de restaurar y no dicen cómo. ¿De dónde van a sacar los áridos para llenar esos huecos?”, recalca Castro. Para defender sus proyectos, sin tener que indemnizar a los propietarios de la canteras, expone el dictamen del bufete catalán Rebes & Ferrer Advocats, recomendado por el arquitecto Javier Domínguez Anadón, que coincide con el que hizo para el Cabildo uno de los redactores del borrador de la Ley del Suelo.
En ese dictamen se recoge que el régimen urbanístico de los suelos incluidos en la zona de los barrancos de Güímar es el que resulta del PGO vigente, aprobado el 11 de mayo de 2005, que clasifica ese ámbito como suelo rústico de protección minera.
Las actividades mineras que han estado presentes en los barrancos de Güímar son explotaciones de extracción de áridos que contaron con las correspondientes autorizaciones mineras, pero no con las pertinentes autorizaciones urbanística y ambiental. Hoy están cerradas y declarada la caducidad de los títulos mineros por incumplimiento de las obligaciones impuestas a sus titulares.
El Ayuntamiento de Güímar considera que existen intereses públicos, de especial prevalencia, que aconsejan que la restauración se lleve a cabo mediante la ejecución de un proyecto de desarrollo urbanístico que incluye instalaciones deportivas, lúdicas, hoteleras, etc., integradas en un marco de actividades agrícolas. Para llevar a cabo dicho proyecto sería preciso tramitar las oportunas modificaciones en el planeamiento vigente, en el ejercicio de las competencias que corresponden a la Administración local por aplicación del principio de autonomía municipal.
La alteración de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística hoy vigentes podría dar lugar al nacimiento de derechos indemnizatorios, pero únicamente en el supuesto de que se cumplieran todos los requisitos legalmente impuestos. Ahora bien, el otorgamiento de un título minero por la Administración sectorial competente no excluye la obligación de las explotaciones mineras de someterse a los controles urbanístico y medioambiental, mediante la obtención de las correspondientes licencias que son concurrentes con la habilitación sectorial. Así se hace constar expresamente en el denominado Informe Preliminar emitido por el catedrático de Derecho Administrativo Francisco José Villar Rojas a favor de la Consejería de Planeamiento del Cabildo: para que pueda existir derecho a indemnización, la extracción minera debe contar con todos los títulos habilitantes necesarios y además debe encontrarse en funcionamiento.
Sí se puede pregunta por la planta de machaqueo
Sí se puede exige al grupo de gobierno del Ayuntamiento de Güímar información veraz sobre la planta de machaqueo de áridos activa en el barranco del municipio. La edil ecosocialista Lourdes Galindo defendió en el pleno de octubre la posición del grupo vecinal que denunció la actividad con el apoyo de ATAN.
En ese pleno, el concejal de Urbanismo, Francisco del Rosario, negó la existencia de los problemas que se denuncian y echó en cara a los denunciantes la inconsistencia de sus señalamientos
Sin embargo, dos semanas después del pleno, Del Rosario reconoció en DIARIO DE AVISOS que el Ayuntamiento recopila información para proceder al cierre de la planta. La concejala subraya que “exigimos que la información sea certera, porque los vaivenes del Gobierno en el asunto generan incertidumbre y desconfianza”.