Tanto José Tomás Martín como Víctor Reyes, exgerente y exsecretario de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, respectivamente, cuando se compraron los terrenos del frente de la playa de Las Teresitas, responsabilizaron ayer al exconcejal de Urbanismo Manuel Parejo de llevar personalmente la dirección del expediente. Las declaraciones de ambos técnicos se produjeron en una nueva sesión del juicio penal que por este asunto celebra la Audiencia Provincial. La jornada también dejo otras notas reseñables. Por un lado, el tribunal rechazó un borrador hasta ahora inédito que fue aportado por Martín en el que se fija el precio de dichos terrenos en fechas anteriores a lo declarado por el exalcalde Miguel Zerolo. Aunque las acusaciones pidieron que se incluyera en el sumario en contra de la opinión de varios de los abogados defensores, el presidente no dudó en rechazarlo, a la par que explicó al interesado que, de cualquier modo, constaba lo que explicó sobre el mismo en sus respuestas.
El otro foco de interés fue el visionado de un vídeo en el que la fiscal asegura al exinterventor de Urbanismo José Luis Roca que solo está acusado por el delito de prevaricación, en un diálogo mantenido durante el interrogatorio llevado a cabo durante la fase de instrucción. Finalmente, tanto Roca como los otros 12 acusados están encartados por la presunta comisión de dicho delito y del de malversación de fondos públicos.
Respecto a otros asuntos destacados, Martín reconoció haber sabido de la existencia de los informes de la exarquitecta municipal Pía Oramas, de la Universidad Carlos III y de Pool Gest (en todos se fijan como precio adecuado tres veces menos de los 52,5 millones abonados finalmente), pero no de haber tenido acceso a su contenido. En cuanto a Reyes, que explicó que muchas reuniones sobre el asunto tenían lugar en la oficina donde se redactaba el plan general, apuntó que Parejo le aseguró que, si había que dar explicaciones por la no inclusión de esos tres informes y por el encargo de nuevas tasaciones, sería el exedil quien las daría. También reconoció que redactó un informe que concluía que la tasación de Tinsa (60 millones) era la más adecuada, pero indicó que solo intervino en su parte urbanística.
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El representante legal del exinterventor municipal de Urbanismo José Luis Roca no dejó ayer indiferente a nadie. Si ya de por sí causó impresión el vídeo en el que la propia fiscal María Farnés aclara a Roca que tanto él como el resto de técnicos de Urbanismo solo están acusados de prevaricación durante el interrogatorio de la fase de instrucción, el hecho de que Roca anunciase que no responderá a las preguntas del Ministerio Público, pero sí a las de la acción popular y al representante legal del Ayuntamiento (algo nada habitual), dejó traspuesto a más de uno. Sin embargo, el final de la sesión de ayer sonó cual toque de campana que permitirá que nadie dude de que los letrados de dichas acusaciones lleguen con la tarea hecha y revisada.[/su_note]