Renovar Canarias es un compromiso que nos demanda la situación económica y social. La lejanía, la escasez de recursos y la fragmentación del territorio forman parte de las dificultades para poder hacer posible el desarrollo. Equilibrar cualquier iniciativa en Canarias exige entrar en el debate entre emprendedores y subsidiados. Ya lo vimos luego de incorporados a Europa en el 86, cuando Canarias modificó la fórmula de adhesión, en el 89, en defensa de sectores subsidiados. Canarias mantiene hoy una balanza fiscal negativa con la Península en torno a 3.600 millones de euros al año. El conflicto entre ambas tendencias guía buena parte de las decisiones políticas, que hoy vemos en el debate de la Ley del Suelo en Canarias. Análogo planteamiento hemos podido ver en la sede de Parlamento nacional, con CC apoyando en Madrid, con la lista de compensaciones sostenidas básicamente sobre el discurso del subsidio.
En la tramitación de la Ley del Suelo en el Parlamento canario, y estando en fase ya de “enmiendas a la totalidad”, nos llama la atención el soporte doctrinal de las mismas. Inician los enmendantes su discurso oponiéndose a la derogación de la Ley de Directrices del 2003, que en la práctica ha carecido de utilidad alguna directa y todo lo más ha servido para soportar decisiones discrecionales, apoyadas en el marco de “inseguridad jurídica” que contiene. Acertada decisión de la nueva Ley del Suelo que la suprima.
Continúan oponiéndose a lo que llaman “debilitamiento competencial de la Comunidad Autónoma”, en el control de la legalidad. Me cuesta entender, aunque es posible, que desconozcan la aplicación del principio de “subsidiaridad”, con que la legislación obliga a asignar competencias únicas a la Administración más cercana. También asombrado de que desconozcan el proceso de Liberalización de Servicios (Directiva Bolkestein) en plena vigencia y desarrollo. Ello obliga a realizar leyes claras, sencillas y de bajo coste, trasladando decisiones al emprendedor. Ayuntamientos y cabildos recuperan funciones propias y desbloquean a la Administración autónoma, incapaz de ofrecer hoy respuesta administrativa en tiempo y forma. Se añade a ello la simplificación operada al asumirse la nueva Ley Básica de Evaluación Ambiental, otro de los grandes obstáculos que desbloquea el sistema. Se manifiestan críticos con la intervención en el suelo rústico, donde la nueva ley desmonta los proyectos de actuación territorial y las calificaciones territoriales, que invaden competencias municipales y con ello simplifica las actuales e imposibles tramitaciones. Todos los sectores agrarios de Canarias han manifestado su acuerdo con la nueva ley, que permite desarrollar “usos complementarios”, como admiten todas las agriculturas de Europa. En su visión centralista, desconocen también la evolución actual de los instrumentos urbanísticos, que hoy apuestan por figuras más flexibles de proyecto, que no de planificación, capaces de acomodarse en contenidos, plazos y utilidad a los tiempos. Parece que estas argumentaciones estarían soportadas en criterios más propios de la “vieja” que de la “nueva” Canarias. La que tiene que apostar por el emprendedor y la viabilidad social y económica de las Islas y sus ciudadanos. Le queda a la Ley del Suelo completar el recorrido de las “enmiendas parciales”, hacer las mejoras de ingeniería menor, para aclarar, simplificar y abaratar la ley. Hacerla accesible a los operadores, democratizarla. O sea.