El exalcalde capitalino y exsenador Miguel Zerolo sostuvo ayer que el precio pagado por el Ayuntamiento para adquirir los terrenos del frente de la playa de Las Teresitas en 2001 lo fijó uno de los empresarios que vendían, Ignacio González Martín, durante una reunión en la que se mostró airado por las trabas puestas para construir en el lugar desde el Consistorio y en el que rebajó el precio de los mismos a unos 8.700 millones de pesetas como ultimátum ante los negociadores municipales. Zerolo, quien explicó que no había desvelado antes esta conversación porque nadie le había preguntado al respecto, repitió en numerosas ocasiones que su papel en este asunto era político y por tanto ajeno a la gestión técnica del mismo. Ante esta línea de defensa, la fiscal incidió en resaltar el escaso conocimiento que de los distintos informes (tasaciones, trasvase de aprovechamiento hacia el Valle de Las Huertas, etc.) mostraba Zerolo, quien respondía al respecto que se mantenía informado “lo suficiente”, principalmente a través del exresponsable de Urbanismo Manuel Parejo. Tanto ambos como el citado González y otras 10 personas están acusadas por la presunta comisión de los delitos de prevaricación administrativa y malversación de fondos públicos en un juicio que ayer entró en su recta final con el inicio de los interrogatorios a los acusados. Otra de las respuestas más repetidas de Zerolo fue su convencimiento de que la operación era muy beneficiosa para la ciudad. Respecto al informe de la exarquitecta municipal Pía Oramas (que otorga a los terrenos un valor tres veces inferior a los 52,5 millones de euros pagados), el exregidor dijo que nunca tuvo noticia de su existencia.
En la sesión también compareció Parejo, quien sostuvo que en la tramitación del convenio de compraventa de los terrenos del frente de playa actuó en todo momento con el consentimiento y bajo las directrices del entonces alcalde, que tenía conocimiento de la evolución del proceso. Parejo responsabilizó a los funcionarios Víctor Reyes, José Tomas y Epifanio Gómez de las negociaciones técnicas del convenio de compraventa, en las que además de pagar 52,5 millones de euros por el frente de playa se trasladaba el aprovechamiento urbanístico a las parcelas del Valle de Las Huertas, propiedad de González y su socio en la operación, el también empresario Antonio Plasencia. La fiscal llegó a preguntarle que si las decisiones las tomaban los técnicos, qué hacían los políticos en el Ayuntamiento.
Para hoy está previsto que continúe el interrogatorio a Parejo por parte de su propio abogado, para luego continuar con el también exalcalde capitalino José Emilio García Gómez y Emilio Fresco.