Un total de nueve colectivos de la discapacidad de Canarias ha presentado, de forma conjunta, una serie de alegaciones a la nueva ley de servicios sociales que está tramitando el Gobierno de Canarias. Representantes de las asociaciones, acompañados por el abogado responsable del documento, insistieron ayer en que la norma está “incompleta” y que, además, carece de un proceso participativo real. Del mismo modo, recalcaron que el objetivo es colaborar en redactar un texto mejor, “sin ánimo de destruir”, ya que defienden que no se ha tenido en cuenta toda la realidad de las personas con discapacidad.
En esta línea, Ana Mengíbar, de Queremos Movernos, apuntó que “Canarias debe salir del pozo en el que está en materia de atención a la discapacidad” y aludió a que incluso se puede hablar de “exclusión, puesto que pocas consejerías regionales atienden de forma concreta la realidad de estas personas”.
Raúl Cordero, de la Plataforma Tenerife Discapacidad, puntualizó que este documento está “incompleto, ya que no tiene desarrollo de la ley, cuenta con un plazo insuficiente y, además, no hay respaldo a través de una ficha financiera concreta”. Añadió que también carece de un mapa de servicios sociales.
El abogado, Ubay Ferrera, explicó que la normativa impulsada por el Ejecutivo canario carece de una evaluación previa de los servicios sociales del Archipiélago y puntualizó que tampoco se ha contado con la participación de los colectivos. “El 15% de la población tiene discapacidad y solo se ha tenido en cuenta en la norma la inclusión laboral, sin tener en cuenta otros aspectos”, añadió. También criticó que no se habla de discapacidad ni aporta enlaces con otras normas de menor o igual rango. Por último, criticó que haría falta un apartado para hacer frente a las sanciones por incumplimiento de los aspectos de discapacidad.
Entre las propuestas de revisión elevadas por estos nueve colectivos se encuentra partir de una análisis real y tangible de la situación de hecho de los servicios sociales en la Comunidad Autónoma de Canarias, contemplar a las personas con discapacidad como destinatarios de los servicios sociales, tanto si tienen de añadido la condición de personas con dependencia como si no, imponer la accesibilidad en los servicios sociales y revisar el modelo de participación social propuesto.