El exsecretario del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, José Eugenio de Zárate, y el exinterventor del Consistorio capitalino, Antonio Messía, están libres de toda culpa en el llamado caso Las Teresitas, después de que tanto la Fiscalía como la acción popular que ejerce Izquierda Unida retirasen los cargos contra ellos. Esta doble absolución fue la principal novedad que arrojó tan mediático juicio, reanudado ayer en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife y que entra en su juicio final con las conclusiones de las partes y el inicio de las exposiciones, turno que ocupó el Ministerio Público en buena parte de la sesión de mañana y plenamente en la tarde.
La decisión de la fiscal se vaticinaba en los ambientes jurídicos a raíz de la declaración de ambos en el proceso, especialmente en el caso de Messía, que sostuvo que informó favorablemente de la compraventa de los terrenos al desconocer la existencia de tasaciones como la efectuada por la entonces arquitecta municipal, Pía Oramas, que reducían a unos 19 millones de euros el precio de unas parcelas por las que finalmente el Ayuntamiento pagó unos 52,5 millones. Dada la relación existente entre sus cargos, la absolución de Messía (defendido por el letrado Miguel Ruiz Pons) llevaba aparejada la de Zárate (representado legalmente por el abogado Ramón González de Mesa). Otros dos de los, en principio, trece acusados vieron ayer claramente mejorada su situación procesal, dado que la Fiscalía también retiró los cargos contra Pedro González y Carlos Plasencia, al entender que no actuaron en comandita con sus padres (los conocidos empresarios Ignacio González Martín y Antonio Plasencia, que fueron quienes vendieron los terrenos), sino que simplemente seguían sus instrucciones.
Sin embargo, la acción popular no solo no secundó tal decisión, sino que elevó las penas solicitadas a ambos de siete años de cárcel en las conclusiones provisionales a ocho años en las definitivas, si bien ofrecen como alternativa una pena de tres años de cárcel si, en vez de inductores de un delito de malversación, se les condenara como cooperadores necesarios. Ello provocó una airada respuesta de sus abogados, que pidieron una condena en costas para la acción popular por temeridad en caso de resultar absueltos. De resto, la Fiscalía mantuvo su solicitud de penas inicial y pide que los acusados indemnicen con unos 49 millones de euros al Ayuntamiento. Por su parte, las defensas insistieron en la absolución de los encartados por la presunta comisión de los delitos de prevaricación administrativa y malversación de fondos públicos. Es menester añadir que varios de dichos abogados pidieron que se aplique, en caso de condena, la atenuante por dilaciones indebidas, así como el abogado del exalcalde Miguel Zerolo impugnó las periciales de Pía Oramas y de los expertos judiciales, mientras que los letrados que defienden a Manuel Parejo y José Luis Roca (exconcejal y exinterventor de Urbanismo, respectivamente) entienden que se han vulnerado derechos fundamentales de sus representados.
Por lo que respecta a la argumentación de la fiscal María Farnés, optó por primero centrarse en la fase pericial del caso, considerada por los especialistas como clave para el resultado del proceso. La acusadora pública se empleó a fondo para desacreditar el contenido de lo expuesto por los expertos aportados por las defensas y en dotar de respaldo legal a su conocida versión de los hechos, que pasan en lo básico por la preponderancia del plan general respecto al parcial, que se produjo una revisión de este último, que se compró terreno afectado por el deslinde (y por ende, ya público), que no se cedió al Ayuntamiento el 10% de aprovechamiento urbanístico preceptivo en este tipo de operaciones, que tal aprovechamiento era muy inferior al argumentado por los acusados o que no se aprobó el proyecto de urbanización, entre otras cuestiones.
Ya en la sesión de tarde, y tal y como informa Efe, la fiscal acusó a Zerolo de apoyar la operación para favorecer a los empresarios en lo que calificó como “saqueo de las arcas municipales”
La fiscal incidió en que es absolutamente imposible que esta operación se pudiera realizar sin el conocimiento ni el consentimiento del entonces alcalde de la capital tinerfeña, y detalló que el precio de la compraventa era el equivalente al 25% del presupuesto de la Corporación en 2001. “El precio estaba más que pactado, y después se montó el expediente administrativo”, señaló la fiscal, quien recordó que no se incluyeron en él los informes periciales de la arquitecta municipal Pía Oramas y de la Universidad Carlos III porque los funcionarios entonces jamás habrían avalado la operación.
Respecto al exconcejal de Urbanismo Manuel Parejo, la fiscal concluyó que llevó su jefatura en esta área “a máximos extremos” y actuó como si fuera de su propiedad, cuando era “un servidor” de lo público. A su entender, Parejo conocía perfectamente los informes periciales que rebajaban el valor de los terrenos a 3.210 millones de pesetas y dio la orden de no incluirlos en el expediente.
En cuanto a la actuación de los exconcejales Emilio Fresco (PSOE) y José Emilio García Gómez (PP), la fiscal admitió que antes que nada su postura es de “sorpresa” ante la declaración de ambos de que votaron a favor de pagar 8.750 millones de pesetas a unos empresarios “sin pedir ninguna información ni comprobación”.
Hoy finaliza la exposición de la fiscal María Farnés.
Plasencia: “Yo quería construir, pero amenazaron con expropiar”
La sesión de ayer comenzó con el interrogatorio que restaba a los acusados, el del empresario Antonio Plasencia, quien se negó a responder a las preguntas de las acusaciones. Se leyó su declaración durante la instrucción y respondió a su propio letrado. Básicamente, Plasencia dijo que él nunca quiso vender los terrenos al Ayuntamiento, porque su ilusión era construir en el frente de playa, pero ante la negativa municipal a autorizarlo y la amenaza de expropiación, fue González el que negoció la venta, tras rechazar ambos una permuta de terrenos o una cesión de aprovechamientos urbanísticos.