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La triple paridad ha sido clave para articular mayorías de gobierno

La disputa entre el PSOE, el partido más votado en Canarias, y CC, el grupo con más escaños, responde en cierto modo al interés por mantener o modificar el criterio de reparto de la representación
Comisión parlamentaria de estudio del sistema electoral. / SERGIO MÉNDEZ
Comisión parlamentaria de estudio del sistema electoral. / SERGIO MÉNDEZ

La triple paridad es la versión política canaria del juego de tres en raya. El pulso entre CC y el PSOE por el reparto del Fdcan, el fondo con recursos provenientes de la compensación -suprimida definitivamente- por la eliminación del Impuesto General del tráfico de Empresas (IGTE ), lo ha puesto en boga y en boca de mucha gente que en realidad desconoce su auténtico significado. En la primera disposición transitoria, el Estatuto de Autonomía de Canarias anota el número total de diputados en el Parlamento y su correspondencia por islas: “En tanto no se disponga otra cosa por una ley del Parlamento canario aprobada por mayoría de dos terceras partes de sus miembros, se fija en sesenta el número de diputados del Parlamento Canario, conforme a la siguiente distribución: quince por cada una de las islas de Gran Canaria y Tenerife; ocho por La Palma, ocho por Lanzarote; siete por Fuerteventura, cuatro por La Gomera y tres por El Hierro”.

Mediante esta fórmula matemático-filosófica, se pretendía guardar un equilibrio entre ambas provincias, entre las islas capitalinas y las periféricas y entre la isla central de una provincia y las otras de esa demarcación. Se trataba de bonificar la reducida población de un territorio y garantizar la igualdad desde la base de la solidaridad, entendida tal como una representación parlamentaria proporcional. Iba bien hasta que se quiso sustituir el tablero por el de la oca: “Y tiro porque me toca”. Como se ha visto en esta disputa, los intereses partidistas han ejercido una gran influencia en la configuración de las mayorías de gobierno. La presión de Asamblea Socialista Gomera (ASG) y Agrupación Herreña Independiente (AHI) ha sido determinante para el “cambio de opinión” de Fernando Clavijo en lo que se refiere al Fdcan, a un precio que encarece su permanencia en la presidencia. El episodio escenificado en la ponencia de los presupuestos de 2017, donde el PSOE se posicionó del lado de la oposición (excepto ASG), es la factura de la fractura. Ese día, el viernes 9, el Cabildo de Gran Canaria aprobó una moción -con la ausencia del único consejero de CC, Fernando Bañolas- de rechazo al “injusto y clientelar” acuerdo adoptado por el Ejecutivo (sin el PSOE). Meses atrás, el presidente de esa corporación insular, Antonio Morales (NC), celebraba que el Gobierno canario desistiera del modelo de la triple paridad. Como no se fiaba, pidió “un pronunciamiento expreso” que lo descartara. En abril, su homólogo de Tenerife, Carlos Alonso (CC), zanjaba la controversia: “Se acabó. Los mejores proyectos se llevarán la mayor financiación”. Este sábado, sin embargo, tachó de “niñada” la postura del PSOE.

Incluso en los confines del universo conocen lo que piensa al respecto Casimiro Curbelo. El presidente del Cabildo de La Gomera y portavoz del grupo parlamentario Mixto no desmerece la menor oportunidad para arremeter contra quienes promueven la ruptura del “gran pacto social” de la triple paridad. Al fragor de la reforma del sistema electoral, advirtió de que esa pretensión “no les va a salir gratis”. Durante el debate general de marzo, Curbelo aseveró que el “gran asunto” de la legislatura es “el intento de acabar con el pacto de equilibrio de Canarias”. A su juicio, “gracias a la sobrerrepresentación de las islas más débiles se ha contado con ellas y han tenido peso en las inversiones, y sus habitantes han podido mejorar sus vidas”. Y aborreció el “discurso” de “dar más votos a los que ya tienen más votos y más poder a las islas más pobladas”. Curbelo alertó de que “las fuerzas que buscan una refundación de Canarias se han puesto en marcha y han creado una comisión [parlamentaria de estudio] que es la primera pieza de relojería para romper un pacto histórico y cambiar el fuero”. En febrero, los tres diputados de ASG enviaron una carta a los demás representantes de las denominadas islas menores en la que los convocaba a un frente común.

Posteriormente, los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura patrocinaron las segundas jornadas de trabajo del eje oriental, con participación de alcaldes, en las que se expresó su “defensa a ultranza de la triple paridad”.

La lista regional complementaria se incorpora a la discusión.
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El origen de una “justicia” histórica o una perversión” electoral

El senador palmero Acenk Galván González (1917-1990) está considerado como el padrino de la triple paridad, desde su condición de vocal del consejo permanente y secretario del pleno de la Junta de Canarias, el órgano preautonómico.
El concepto apareció en el dictamen de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, en mayo de 1982, todavía sobre un Parlamento con 56 diputados. Ahí estaban los canarios José Miguel Bravo de Laguna, Antonio Alfonso Quirós y Jerónimo Saavedra. La tramitación no fue fácil. Una enmienda transaccional del comunista Jordi Solé Tura alumbró la composición de 60 diputados y la actual distribución de los escaños por siete circunscripciones insulares.
Hoy, el colectivo Demócratas por el Cambio sitúa “la raíz de todo el problema” del régimen electoral en su “extraordinaria e incomparable desproporcionalidad”. Así, “el conjunto del voto en las islas no capitalinas en relación a Tenerife y Gran Canaria es de 5 a 1”. Desde esa perspectiva, “al permitirse esta pretendida paridad se pervirtió el resto del sistema”. Se sumaron otras condiciones, como la barrera insular del 30%. “¿Por qué se añadió esta restricción inigualada en ninguna democracia? Porque en 1982, los partidos mayoritarios (UCD y PSOE) cedieron ante la presión de las islas no capitalinas y accedieron a la citada paridad, pero se dieron cuenta entonces de que en las islas capitalinas, los escasos 15 diputados a cada una asignados podrían escabullírseles en gran medida si partidos de corte local o insular se los disputaran”.
La otra opción, la barrera autonómica del 3% (elevada al 6% en 1996) “permitía a los partidos mayoritarios -que en islas pequeñas eran minoritarios-, cumplir la condición de acceso al reparto de los escaños”.[/su_note]

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