Los servicios públicos esenciales y la transparencia de las administraciones son señas de identidad del PSOE en el Gobierno de Canarias, del que ha sido corresponsable durante los últimos cinco años y medio. Días antes de que Fernando Clavijo (CC) decretara el cese de los cuatro consejeros socialistas, la organización Transparencia Internacional España (TIE) certificaba el salto cuantitativo y cualitativo experimentado por esta Comunidad Autónoma: una mejora de siete puestos, hasta el octavo, con una subida de 32 puntos desde 2012. “El informe reconoce el esfuerzo, el trabajo y el compromiso para garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información”. Quien así se expresa es Teófilo González, director general de Transparencia y Participación Ciudadana. “Los políticos debemos recuperar la confianza de la ciudadanía con hechos y no solo palabras. No olvidemos que la transparencia es una excelente herramienta para elevar la calidad democrática de las instituciones”. Atajar la corrupción y reprimir otros vicios asociados a la doctrina de la poltrona son algunos de los objetivos planteados en la ley canaria aprobada en 2014 y publicada el 9 de enero de 2015 en el boletín oficial (BOC). La normativa básica del Estado data de finales de 2013. De 2010 es la ley autonómica de Fomento a la Participación Ciudadana, que en la práctica se utilizó por primera vez en la elaboración de la de transparencia. En ese proceso, se activaron mecanismos de consulta, como foros presenciales en cada una de las islas, sin que siquiera existiera un borrador. Es decir, la estructura se construyó empezando por los cimientos y no por el tejado. Precisamente, el déficit de transparencia y participación es uno de los reproches que se echan en cara a los promotores de la nueva Ley del Suelo, actualmente en tramitación parlamentaria. De ahí, el alto valor que adquieren los resultados del examen de Transparencia Internacional. La importancia para Canarias (95, con una media nacional de 94) es mayor al analizar la evolución del índice. La clasificación la encabezaba en 2014 Castilla y León, con la máxima nota (100), que ha sido relegada a la décima posición, dos escalones por debajo de Canarias. Más sorprendente si cabe es que la pionera Navarra ha descendido al último lugar.
Canarias lidera aspectos como la transparencia activa e información sobre la Comunidad Autónoma, la página web, relaciones con los ciudadanos y la sociedad y participación ciudadana, así como en el apartado del derecho de acceso a la información. “Aunque queda mucho camino por recorrer, vamos por el buen camino”, señala González. “Esto nos da ánimos para seguir adelante, con paso firme, en la rendición de cuentas a la ciudadanía”.
Dos consejeros de Presidencia (Francisco Hernández Spínola y Aarón Afonso) y otros tantos directores generales (Pedro Ramos y Teófilo González) esparcieron las semillas y cosecharon los frutos que recoge la sociedad canaria. Derribabas muchas de las puertas del campo burocrático, ahora mismo hay tres vías de entrada para solicitar información: presencial (mediante la entrega del formulario descargado de la web o de palabra), telemática y telefónica (esta estará disponible, probablemente a través del 012, cuando se solucionen los problemas técnicos en torno a la identificación). Como el certificado electrónico limitaba el uso de la herramienta, se ha introducido la opción del IDES: el número largo que aparece en la parte posterior del DNI. Además, para la publicidad activa, la que no es necesario pedir, está el portal gobcan.es/transparencia; que han visitado más de 33.100 usuarios a una media diaria de 180.858 páginas vistas. Según las estadísticas recientes, lo relativo a los altos cargos acapara el interés ciudadano. Sin embargo, la demanda de información sobre la organización adelanta a la de las retribuciones. A continuación se suceden por este orden empleados públicos, instituciones, normativa y contratación. Por países de procedencia, detrás de España se sitúan Reino Unido, Perú, México, Argentina y Estados Unidos.
En lo que respecta a los dispositivos utilizados, continúa mandando el ordenador de escritorio (80%), a gran distancia del teléfono móvil y la tableta.
El próximo avance llegará en enero. Se pondrá en marcha un aplicativo para llevar el control del registro al instante. A tal efecto, se han formado a cerca de 300 empleados públicos. De esta manera, se conocerá al minuto cualquier movimiento en el itinerario.
Hace un año se emitió la orden por la que se regula la organización y el funcionamiento del registro de solicitudes de acceso a la información pública: “Es único en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma y de las entidades de derecho público vinculadas o dependientes. La aplicación permitirá el acceso electrónico, en el portal de transparencia,sin que se requiera justificar interés legítimo alguno, a los datos inscritos relativos al número de solicitudes presentadas, información requerida, las resueltas y pendientes de resolución, tanto las denegatorias, como las que concedan el acceso total o parcial, así como el plazo trascurrido entre la solicitud y la resolución dictada”. El tratamiento automatizado estará sujeto al régimen de protección de los datos de carácter personal, de conformidad con la ley orgánica 15/1999.
En octubre, representantes de las comunidades autónomas reforzaron en Tenerife la red regional de participación y consolidaron la unión de este concepto con la transparencia. El reto deviene en oportunidad.
PROYECTO ESTRELLA, EN EL LIMBO
De la agenda legislativa diseñada por el Ejecutivo canario, muchas propuestas socialistas caen en el limbo de la incertidumbre tras la ruptura del pacto. Con discrepancias no insignificantes en el seno del bipartito, la controvertida Ley del Suelo brilla en el firmamento con luz propia y oscurece el futuro del proyecto estrella de la ya exvicepresidenta, Patricia Hernández: el de Servicios Sociales, que obtuvo el espaldarazo del Consejo el 24 de octubre. A no ser que CC la asuma sin renunciar a los principios fundamentales, no será plata de ley. Entre las iniciativas en entredicho, se encuentran la del Estatuto de Altos Cargos y Buen Gobierno, entre las 12 de Presidencia, Justicia e Igualdad; la de sociedades cooperativas; la ordenación sanitaria, y la de modificación de la Ley del Transporte por Carretera de Canarias. Se barrunta un atasco monumental.