No es el muro que Bill Clinton empezó a construir -ya hay 1.000 kilómetros- y que Donald Trump pretende elevar al cielo. Lo que el denominado “bloque del cambio” de Canarias quiere es levantar un dique de contención ante las “imposiciones” del Ejecutivo de Fernando Clavijo y de CC en el Parlamento. La primera piedra la colocaron el jueves José Miguel Rodríguez Fraga (PSOE), Asier Antona (PP) y Román Rodríguez (NC) en el marco de la ronda que ha emprendido el Partido Socialista, a través del presidente de su gestora regional, un mes después de la expulsión de los consejeros del PSOE. En este proceso, al que se incorporará Podemos, se constituirá una mesa de diálogo para marcarle la agenda a Clavijo.
Entre los puntos de entendimiento se encuentra la renovación de algunos de los órganos externos del Legislativo. En concreto, están pasados de fecha el Consejo Consultivo y el Diputado del Común. Este año le toca a la Audiencia de Cuentas. En el Consejo Rector de RTVC hay dos vacantes. Aquí se requiere una mayoría de dos tercios, por lo que se precisa el concurso del grupo Nacionalista. No así para el resto (tres quintos). De cualquier modo, fuentes de la “oposición plural aclaran que no tienen intención de aislar a CC ni a ASG: “Cometeríamos el error de hacer lo mismo que hemos venido criticando, y no solo en esta legislatura. Hay que contar con todos. Eso sí, se va aplicar otro método de trabajo. Lo razonable es buscar acuerdos sin ataduras ni componendas”. Esta situación obliga a Coalición Canaria a “escuchar con mayor detenimiento los planteamientos de la oposición”. Ya lo dijo Rodríguez Fraga el otro día : “No se trata de revanchismos”.
Además de los anteriormente mencionados, el 21 de abril de 2015 fue nombrado el primer comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Daniel Cerdán, de la órbita de CC, que había ocupado la dirección de RTVC. “Es la autoridad independiente elegida por mayoría de tres quintas partes por un periodo de cinco años no ampliable, entre personas de reconocido prestigio y competencia profesional, a la que se encomienda el fomento, análisis, control y protección de la transparencia pública y del derecho de acceso a la información pública en la Comunidad Autónoma en los términos previstos en la ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública”.
El Consejo Consultivo dictamina sobre la adecuación constitucional y estatutaria de los proyectos y proposiciones de ley. También le compete velar por el ordenamiento jurídico de “otros asuntos que le sean sometidos en las materias señaladas en la ley 5/2002”. Lo preside Carlos Millán Hernández desde el 13 de noviembre de 2012 .
El 21 octubre de 2015 fue ratificado Rafael Díaz como presidente de la Audiencia de Cuentas. Este cargo se elige entre los auditores que conforman el pleno de la institución, por mayoría absoluta y en votación secreta, y que su mandato será de tres años prorrogables. Permanecerá en el puesto hasta junio de 2017, cuando expire su condición de miembro del pleno de la Audiencia de Cuentas, tras cinco años desde como auditor.
La Audiencia de Cuentas realiza las funciones de fiscalización externa de la gestión económica, financiera y contable del sector público. La integran cinco auditores elegidos por el Parlamento “entre personas de reconocido prestigio en relación al ámbito funcional del órgano fiscalizador”. Su composición se renueva por periodos de tres y dos años las tres y dos quintas partes, sucesivamente.
Santiago Negrín ejerce de presidente del Consejo Rector de Radiotelevisión Canaria desde marzo de 2015, en virtud de una ley aprobada el 18 diciembre de 2014 con los votos a favor de los grupos Nacionalista, Socialista y Mixto (NC-PIL), y el rechazo del PP. Aunque le corresponden tres años, NC ha sugerido su cese por el “lamentable espectáculo” en vísperas del pleno extraordinario del 19 de enero.
Antonio Castro, al Diputado del Común
La etapa de Jerónimo Saavedra al frente del Diputado del Común está a punto de concluir. De hecho, ya se cumplieron los cinco años que determina la ley, de 1985, que regula la figura del “alto comisionado del Parlamento de Canarias para la defensa de los derechos fundamentales y las libertades públicas”. También supervisa las actividades de las administraciones públicas. Está auxiliado por dos adjuntos propuestos por él mismo a la Cámara. Para sustituirlo, gana fuerza la opción de Antonio Castro, ex presidente del Legislativo y hoy jefe del grupo Nacionalista. Esta designación formaría parte de una negociación global.