El Juzgado de Primera Instancia Número 13 de Las Palmas de Gran Canaria condenó el pasado miércoles al concejal de Cohesión Social de la ciudad, Jacinto Ortega (Podemos), a indemnizar al propietario de Seguridad Integral Canaria y presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, con 4.000 euros, al considerar probado que se produjo una intromisión en el honor de Ramírez, a quien el referido concejal llamó públicamente “corruptor”. Ortega hizo esas manifestaciones cuando todavía no había sido elegido concejal, sino cuando ofrecía una rueda de prensa como delegado de Intersindical Canaria en el sector de la seguridad privada.
El entonces delegado sindical de IC recordó en ese contexto que en la agenda del extesorero del PP, Luis Bárcenas, juzgado por corrupción, aparecían cantidades presuntamente donadas al partido por sociedades del grupo empresarial de Ramírez, y se quejó de “lo lenta” que es la Justicia, en su opinión, en los casos que afectan a este. Y luego añadió: “Nosotros tenemos un eslogan, que además hemos abanderado, y es que detrás de un empresario corrupto, de un empresario corruptor, hay un político corrupto”.
Ortega alegó en su descargo que él no se refirió expresamente a Miguel Ángel Ramírez como “corruptor” o “corrupto”, algo que el juez no acepta, porque considera que, del visionado completo de la grabación de la rueda de prensa, “resulta claro” que esos calificativos iban dirigidos al empresario grancanario, “porque todo el contenido de dicha rueda de prensa giró alrededor exclusivamente del demandante y de su empresa”, Seguridad Integral Canaria.
Una crítica que excede la libertad expresión
La sentencia que condena a Ortega por insultar a Ramírez sostiene que sus descalificaciones resultaron “innecesarias” y que exceden la protección que merecen los derechos constitucionales a la libertad de expresión y al trabajo sindical. Además, el tribunal entiende que se “repercute en la imagen personal del empresario”.