La decisión tomada por el Ayuntamiento de Santa Cruz de intervenir a la empresa responsable de la gestión del ciclo integral del agua en Santa Cruz, Emmasa, de la que Sacyr es accionista mayoritario, ha sido avalada casi en su totalidad por el juzgado número 4 de lo Contencioso Administrativo de Santa Cruz, instancia a la que recurrió la empresa al entender que la intervención no era ajustada a derecho. Esta sentencia fue dada a conocer, ayer, por Sí se puede, y no por ser favorable al Ayuntamiento sino porque, los argumentos utilizados por el juez para darle la razón al Consistorio, son que, dado el nivel de incumplimientos que los informes técnicos detallan, se justifica la intervención. Según el juez, se incumplió con la prohibición de subcontratar con empresas vinculadas al grupo, contratos que además se hicieron para acometer prestaciones esenciales, que también prohíbe la concesión. El magistrado señala, además, la falta de autorización previa del Ayuntamiento en aquellas subcontrataciones que sí eran autorizables según los pliegos. “Estos incumplimientos deben ser considerados como perturbación grave de la relación concesional que justifica la intervención…”, explica el juez. Por otro lado, el magistrado considera que no se ajusta a derecho la potestad que se dio al interventor para que tomara decisiones de gestión.
El concejal de Sí se puede, Pedro Fernández Arcila, consideró ayer en rueda de prensa que los fundamentos en los que el juez apoya su decisión, vienen a avalar la petición de resolución del contrato con Sacyr que siempre ha defendido su grupo. Este fallo viene a demostrar, “la complacencia del alcalde, José Manuel Bermúdez, con la gestión irregular de la multinacional”. Fernández Arcila, destacó que la resolución judicial “desmonta las tesis del interventor designado por la Junta de Gobierno para evaluar la situación y de los peritos de Sacyr y Emmasa”, mientras que “avala el informe de los servicios técnicos municipales”.
Por su parte, la también concejal de Sí se puede, Asunción Frías anunció la adopción de dos medidas políticas y una judicial por parte de su grupo. En primer lugar pedirán la elaboración de un nuevo informe por parte de una persona distinta al interventor designado por la Junta de Gobierno, “puesto que sus consideraciones han sido cuestionadas por el juez”. Además solicitarán la incoación de nuevos expedientes a las empresas subcontratadas por Sacyr “y que no se dejen caducar, como en otras ocasiones”. Por último, harán entrega del fallo al Juzgado de Instrucción número 2 de lo Penal de la capital, “en el que se investigan las irregularidades de Sacyr en materia de gestión del servicio público de agua”.
Servicios Públicos
Desde el Ayuntamiento, el edil de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga, detalló que, en todo caso, lo que viene a demostrar la sentencia es que “lo hemos hecho bien”. Recordó que ya existe una comisión de seguimiento que está terminando sus conclusiones “y será entonces cuando se decida qué tipos de medidas se van a tomar así como los expedientes sancionadores que se puedan derivar de esas conclusiones”. Arteaga insistió en que ningún informe técnico avala la recuperación del servicio. “Sí se puede hace una intervención torticera de los informes de los técnicos, que no son partidarios de la recuperación”, añadió.
Recurso
Ayer, Emmasa avanzó que la sentencia ya ha sido recurrida. La empresa recuerda que “la intervención tuvo carácter temporal” y que ya finalizó. Al igual que el Consistorio, detalla que es en la comisión de seguimiento, integrada por Emmasa y el Ayuntamiento, donde se abordan los asuntos de interés vinculados a la gestión del ciclo integral del agua. La empresa detalla que “en esta comisión se mantiene una comunicación fluida y se proporciona al Consistorio toda la información y documentación que se precisa en cada momento”.