Un total de 13.560 personas recibieron el pasado año la Prestación Canaria de Inserción (PCI), que gestiona el Gobierno regional junto a los ayuntamientos. Las familias en situación de pobreza y exclusión social pueden solicitar esta ayuda de 472 euros, como mínimo, ante las oficinas de la Dirección General de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias. La cifra aumentó ligeramente en comparación con la del año anterior, cuando esta ayuda se concedió a 12.136 unidades familiares. No obstante, el fuerte impacto de esta medida se aprecia si se comparan los datos de 2016 con los de 2014, cuando el número de beneficiarios fue de 7.022, lo que pone de manifiesto que en tan solo dos años se ha duplicado la cifra de ayudas otorgadas.
De las 13.560 unidades familiares que accedieron a esta subvención en 2016, la mayor parte pertenece a Gran Canaria, como muestran los datos oficiales a los que ha tenido acceso DIARIO DE AVISOS. En concreto, 7.353 personas procedían de esta isla y 4.996 de Tenerife. Le siguen Lanzarote, con 505 ayudas; La Palma (448), Fuerteventura (208), El Hierro (39) y La Gomera (con apenas 11 prestaciones). Uno de los factores de este incremento en el número de unidades familiares atendidas es que ya no existe lista de espera, como ocurría otros años, tras la gestión socialista en el último año y medio. En 2016 el presupuesto asignado para atender esta demanda ascendió a 45 millones de euros, mientras que en el presente año se destinan 52 millones. En cuanto al perfil de los usuarios, la mayoría (el 64%) son mujeres, frente al 36% de hombres. Esta proporción se ha mantenido similar en los últimos ejercicios. La edad media se ha incrementado en algo más de cuatro años, puesto que en 2014 las personas que recibían esta ayuda tenían 41,19 años, mientras que en 2016 la media es de 45,6 años. El pasado año solo el 11% de los beneficiarios tenía menos de 30 años y otro 11% más de 60. El 21,5% estaba entre los 30 y los 40 años; el 27%, entre los 40 y los 50; y el 28%, entre los 50 y los 60 años.
El principal objetivo de esta ayuda, regulada a través de la Ley 1/2007 de 17 de marzo, es conseguir dentro del ámbito de la Comunidad Autónoma, la inserción social, económica y laboral de aquel sector de la población con especiales dificultades de integración (en situación de pobreza, marginación y exclusión social) y que se encuentran en un estado de mayor desigualdad social respecto a otros individuos para conseguir el acceso a unos niveles aceptables de calidad de vida y al pleno ejercicio de los derechos considerados fundamentales, como la educación, el trabajo o la vivienda.
Modificaciones
La nueva directora general de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias, María de los Reyes Hernández, explicó al DIARIO que entre los cambios previstos por la Consejería de Cristina Valido para los próximos meses se encuentra la modificación del sistema informático de gestión de las PCI, lo que va a permitir acelerar la tramitación y que el Ejecutivo y los ayuntamientos puedan compartir sus datos. Este operativo estará disponible entre finales de mes y principios de marzo, según las previsiones regionales. Además, Hernández recalcó que desde el departamento de Políticas Sociales se va a trabajar en fomentar la oferta de acciones de inserción, que es una de las medidas que incluye esta ayuda, además de la parte económica, y que se va a coordinar con otras prestaciones económicas.
La cuantía mínima de la PCI asciende a 472 euros
El importe de la cuantía básica mensual es de 472,16 euros para una persona. A esta cantidad se suman otras aportaciones, en función del número de integrantes de cada unidad. Si son dos miembros, se añade 62,13 euros; 111,83, si son tres; 142,89 euros, para cuatro; 167,74 euros, para cinco; y 186,38, para seis o más componentes.