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Los 33,1 millones que las arcas regionales otorgan a la isla de La Palma para la reactivación de su economía a través del Fdcan -cantidad derivada de las asginaciones con cargo a 2016 y 2017 – ya están transferidas al Cabildo; el convenio con los ayuntamientos y la institución firmado para su ejecución; y la comisión de seguimiento que evaluará su grado de efectividad, constituida.
El presidente del Gobierno de Canarias, el nacionalista Fernando Clavijo, y el titular del Cabildo palmero, el socialista Anselmo Pestana, escenificaron en rueda de prensa y después de una agitada agenda de reuniones, el alto grado de entendimiento de ambos responsables políticos. Una sintonía que, recordó el propio Clavijo, ya quedó clara cuando, en los momentos de desacuerdo con sus ya ex socios de gobierno en la gestión del fondo y que dio lugar a la crisis que fue germen de la ruptura del pacto con los socialistas en el Ejecutivo, el propio Anselmo Pestana apoyó los planteamientos de reparto argumentando la defensa de los intereses de la isla de La Palma y su desarrollo económico “irrenunciable”.
“La Palma ha apostado decididamente por el entendimiento y eso es de agradecer. Frente a las dificultades apostó por el Fdcan”. Fernando Clavijo reconoció que la ejecución de los 33,1 millones de euros en el plazo de este año va a requerir “buena voluntad”, pero quiso subrayar que “hay mucha ilusión y mucho optimismo”, especialmente tras conocerse los últimos indicadores de empleo y de gasto de los turistas en la Isla, que “están evolucionando en La Palma más que en el resto de Canarias”.
Defendió la legitimidad y el amparo jurídico que ofrece para la inversión privada la Isla, y en tal sentido subrayó como elementos cruciales del desarrollo que previsiblemente alcanzará La Palma en los próximos años gracias “al Fondo de Desarrollo de Canarias”, que en un plazo de 10 años dejará en el territorio palmero 207 millones de euros en gasto y que se verá sostenida para la atracción de nueva pinversión por parte de la Ley de las Islas Verdes y la Ley del Suelo.
Frente a la admisión a trámite del recurso de inconstitucionalidad presentado por Podemos contra la Ley de las Islas Verdes, Clavijo mantuvo una ferrea defensa de las garantías jurídicas que ofrece y que concretó en “las garantías que han dado los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias y el Parlamento”. Se preguntó qué alternativa ofrecen a los palmeros quienes quieren “tumbar la norma”. Así, precisó que “no sabemos qué proponen y que les dicen los que denuncian a los más de 8.000 parados de una isla como La Palma, que ha perdido 7.000 habitantes en la última década”.
Anselmo Pestana, por su parte, se mostró satisfecho por la consecución de un objetivo que, al menos en La Palma, “ha tenido unanimidad y consenso”, y que permitirá “multiplicar por dos la capacidad de inversión del Cabildo”. Pestana expresó la necesidad de que “el fondo de se mantenga esté quien esté en el Gobierno de Canarias”.