El Tribunal de Cuentas (TC) ha detectado numerosas y graves irregularidades en la prestación del servicio de producción y distribución de agua potable en las siete islas canarias, según explicó ayer en el Congreso su presidente, Ramón Álvarez de Miranda. En la Comisión Mixta para el Tribunal de Cuentas, Álvarez de Miranda expuso los informes de fiscalización de las islas de Fuerteventura, Tenerife, Lanzarote, Gran Canaria, La Gomera, El Hierro y La Palma entre 2007 y 2011.
Se fiscalizó en concreto la prestación por parte de las entidades gestoras del servicio de producción y distribución de agua potable, desde la producción y almacenamiento, hasta el transporte y la distribución.
Álvarez de Miranda recordó que se formularon diligencias preliminares en la sección de enjuiciamiento para varios de estos informes, especialmente en las islas de Fuerteventura y La Palma, que finalmente resultaron archivadas por inexistencia de responsabilidad contable. En el caso de estas dos islas, se remitieron sendas peticiones de responsabilidad penal que en la actualidad se encuentran en tramitación, por las irregularidades detectadas.
El presidente del TC hizo hincapié en los defectos o deficiencias de planificación y pidió que se apliquen las medidas necesarias para minorar las importantes pérdidas de agua que tienen las Islas Canarias, “muy superiores a la media nacional”.
El Tribunal destaca que la comunidad no haya elaborado un plan hidrológico, porque eso implica que no se han determinado aquellos extremos reservados en la ley a los contenidos propios del mismo, entre ellos la definición de obras de interés general, la cuantificación de las previsiones de financiación, la política de producción industrial del agua y las directrices en relación con zonas sobreexplotadas o con riesgo de contaminación.
Por otra parte, la fijación del precio del agua varía en función de su origen, según el TC, de manera que el coste de agua subterránea se fija en el mercado existente, en función de la oferta y la demanda en cada momento, y el de desalada se determina a partir del gasto de producción y distribución por los gestores de los complejos de desalación de titularidad pública y privada existentes en las Islas. Eso genera indeterminación y falta de estabilidad de los precios, como consecuencia de la variación de los costes y de la negociación de los mercados.
Con respecto a la distribución del agua, el Tribunal no ha podido hacer un seguimiento porque los consejos insulares de aguas de La Palma, Gran Canaria y Tenerife no disponían de información individualizada, aunque varía de unos municipios a otros.