El pleno del Ayuntamiento de Fuencaliente acaba de aprobar una controvertida decisión desde el punto de vista jurídico: la retirada de la concesión administrativa que permite a la empresa Lousan, también propietaria de la planta de asfalto, la extracción de áridos en una zona próxima al espacio conocido como Las Cabras.
El acuerdo se ha tomado en base a una moción presentada por los nacinalistas y apoyada por Sí se Puede, con la abstención del grupo de Gobierno en minoría , en un texto en el que se argumenta la inter dependencia que existe entre la actividad de la planta de asfalto, en Las Caletas, y la industria de extracción de áridos, de forma que si se consigue retirar la concesión administrativa por parte del consistorio a la segunda, la primera dejaría inmediatamente de operar por la falta de materia prima para elaborar el aglomerado asfáltico, propiciando así su inactividad.
El secretario de la corporación deberá ahora elaborar un exhaustivo informe en el que argumente las posibilidades de cumplimiento de la moción, sin que tal decisión incurra en un supuesto delito de prevaricación que, a medio y largo plazo, podría suponer una denuncia por incumplimiento de contrato por parte de la empresa, que en caso de lograr la razón en los tribunales podría exigir el pago de una indemnización por daño patrimonial.
El alcalde de la localidad, el socialista Luis Torres, quien gobierna en minoría con el apoyo de los tres concejales de la Unión Progresista de Fuencaliente, recordó esta posibilidad como algo plausible entre las consecuencias de un acuerdo plenario que el conssitorio deberá cumplir, siempre condicionado por la legalidad vigente y por el cumplimiento de las normas.
Torres ha recordado que la retirada de la concesión para la extracción de áridos a Lousan Asfalto y Construcciones S.L, que fue aprobada por el Ayuntamiento en el año 2006, solo podría producirse en dos supuestos, el primero de los cuales pasaría por la rescisión del contrato por acuerdos de ambas partes, circunstancia que no se da, así como otro supuesto que pasaría por primar el interés general, otro supuesto débil que no parece posible cumplir después que el pasado año el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), llevara a cabo una minuciosa inspección de la instalación en la que intervino el Ayuntamiento para acreditar el cumplimiento de la normativa por parte de la empresa en una actividad clasificada que tienen permiso para desarrollar hasta el año 2031.
En la memoria colectiva del municipio, la indemnización a la que todavían deben hacer frente los vecinos de Los Llanos de Aridane a través de sus endeudadas arcas municipales tras dar la licencia a la empresa Ruiz Romero para su planta de asfalto, que fue retirada por decisión judicial por incumplir las distancias con núcleos habitados.