Poco antes del empacho de “lentejas”, según expresión del PP, por el “difícil cumplimento” del pacto de regeneración con Ciudadanos, el coordinador general popular, Fernando Martínez-Maillo, hizo unas declaraciones sobre la acusación judicial que le atañe personalmente en el caso Caja España, que pueden ser objeto de comentario. Recuérdese sucintamente que existe una investigación abierta contra él y otros 14 más, todos consejeros de la antigua Caja, por haber favorecido créditos dudosos por más de 76 millones de euros al antiguo presidente de Caja España, Santos Llamas. La acusación considera que se produjo una “administración desleal” con el consecuente quebranto de los fondos de la entidad financiera.
Fernando Martínez-Maillo aseguró a los periodistas que “está muy tranquilo” y pidió “paciencia”. A las preguntas de si dimitirá en caso de apertura de juicio oral, especificó que su posición siempre fue la de “dimisión del cargo público cuando existan casos de corrupción”. El líder popular, sin decirlo explícitamente, fue muy claro. No dimitirá porque no se le acusa de cohecho. Una astuta teoría que comienza a adoptarse por el resto de los imputados/acusados del Partido Popular en sus múltiples y variopintas citas que mantienen con los tribunales de justicia. Es el caso estos días del presidente de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, al que la juez Consuelo Andreu encontró en su actuación indicios de delitos de malversación, fraude y falsedad documental, pero no cohecho en un auto en el que apuntaba a diversas irregularidades en el proceso de construcción de un auditorio.
El cohecho, en sentido clásico, es el sinónimo más eminente de corrupción, pero del mismo modo deberá señalarse que corromperse no consiste solo en meter la mano en el cajón, o poner el cazo para adoptar una decisión ilegal. Existen otras formas de corrupción emparentadas con el abuso de poder en beneficio de una persona y en perjuicio de quien ha entregado ese poder. Un concepto relacionado, como es fácil de notar, con la administración desleal. Sin mirar a nadie en concreto, porque los ejemplos son abundantes. Cuando se nombra a una persona como consejero de una entidad financiera no se le concede ese poder para beneficiar a un tercero, sino para mejorar su gestión y funcionamiento. En definitiva, para dejarla tras su mandato, mejor que cuando entró. La corrupción es un concepto polisémico, tiene una pluralidad de significados y también de niveles: político, administrativo y penal. Por ello es lícito hablar de corrupción en sentido concreto, cohecho, pero también en sentido lato, deslealtad. Con esta precisión, deberá decirse que lo sucedido en las cajas ha sido corrupción, en tanto que abuso del poder patrimonializado. Entonces, claro que caben las dimisiones políticas. Y además son necesarias.
Más allá de matices y opiniones, lo más urgente debiera ser recuperar la confianza de los ciudadanos que estos días han comprobado con pavor que los 60.000 millones de euros que, según el Tribunal de Cuentas, ha costado el rescate bancario español, resulta una cantidad que supera los 54.000 millones de dólares con los que la nueva administración americana ha aumentado el presupuesto militar de su nación, el más alto de su historia. Da más miedo la España de Rajoy que los Estados Unidos de Donald Trump.