La falta de actividad desde hace prácticamente dos mandatos ha sido la causa principal por la cual la empresa municipal de vivienda (Vivire) de Los Realejos ha comenzado su proceso de disolución y desaparecerá a fin de año si se cumplen los planes del grupo de gobierno (PP).
Así se votó el miércoles por unanimidad en Junta General, en la que también se aprobó el cese de todos sus consejeros y se decidió contratar un servicio jurídico externo para tutelar la disolución general de la entidad, confirmó el concejal de Urbanismo, Adolfo González.
La voz de alerta la dio Izquierda Unida Canaria (IUC) a través de un comunicado. Desde el pasado mandato su portavoz, Jonás Hernández, advirtió que eso iba a ocurrir. Entre otros motivos, “porque Vivire ha funcionado como una especie de inmobiliaria pública, que solo se ha dedicado a realizar y vender promociones, dicho sea de paso, muy pocas, y muy mal”, remarca.
A una “nefasta gestión”, Hernández le achaca también las deudas que acumula la empresa pública que ascienden a 723.876 euros. Por eso avisa que “fiscalizará” al detalle la disolución de la empresa y los pagos pendientes, así como la situación en la que quedan las viviendas que no han sido entregadas y otras cuestiones relevantes que hay que cerrar de forma legal.
Gestión directa
IUC siempre ha defendido la gestión directa y eso es lo que hará el Ayuntamiento a partir de ahora: recuperar las competencias en la materia que fueron externalizadas a través de Vivire, confirma Adolfo González. En cualquier caso, añadió que es una decisión que se viene hablando desde el anterior mandato.
Pese a que no existe una concejalía específica sí hay una edil delegada de Vivienda. Esta responsabilidad es de Noelia González, quien además gestionará directamente otros asuntos relacionados, como las ayudas al alquiler o la rehabilitación de inmuebles, que antes se hacían desde diferentes áreas del Ayuntamiento.
Adolfo González niega que la empresa tenga deudas. Hay obligaciones de pago a los que hay que hacer frente pero Vivire “tiene más activos que pasivos con lo cual no va a generar pérdidas a las arcas municipales”, precisa. Uno de sus activos más importantes son las once viviendas sociales con garaje, trastero y lavadero de la Cruz Santa.
De esta manera, al no tener actividad, el Ayuntamiento se ahorrará el gasto que genera el consejo de administración puesto que la empresa no tiene empleados y por lo tanto tampoco tendrá que hacer frente a indemnizaciones.
El reto será alquilar las once viviendas sociales de la Cruz Santa tras dos intentos fallidos
Al asumir el Ayuntamiento realejero la gestión directa, las once viviendas de la calle Tindaya en la Cruz Santa, serán de su propiedad. La intención del Gobierno municipal es volverlas a sacar en alquiler con opción a compra después de dos intentos fallidos en el anterior mandato. Asimismo, se pondrá a disposición suelo público en Palo Blanco para que los jóvenes, principalmente, puedan acceder a viviendas de autoconstrucción.
Así lo confirma el concejal de Urbanismo, Adolfo González, quien no considera “un fracaso” la desaparición de la empresa pública sino una consecuencia directa de la crisis económica e inmobiliaria de los últimos años. “Cuando Vivire se creó en el 2004, este último sector estaba en un buen momento pero luego la actividad se paralizó y hubo una dificultad para vender. Prueba de ello, fue la promoción de inmuebles en Icod el Alto, que se vendieron a muy bajo precio y tuvieron buena salida en su momento”, recuerda.