En esta columna defendíamos la pasada semana el proceso de participación en El Rincón de La Orotava, que ha conseguido, en un ejercicio de transparencia y responsabilidad, resituar un tema urbanístico que lleva 25 años enquistado. Hoy, en un campo parecido, reflexionamos sobre las consultas populares y sus límites, valorándolas con ejemplos concretos. Ya sólo se habla en términos generalizados y sin precisar los límites, por lo que todo vale y se usan soluciones para un tema y su contrario. En las democracias representativas que vivimos, el referente es la Ley y la separación de poderes (Legislativo, Ejecutivo y Judicial). Hay quien defiende que esta democracia puede mejorarse, con formas participativas e incluso directas, donde no sólo se vote cada cuatro años, sino que se participe en la elaboración de Presupuestos, a través de consejos comunales, o de consultas populares. Donde los ciudadanos afectos tienen la capacidad de incidir y mejorar los contenidos del proyecto ofertado.
Siendo así, sorprenden sin embargo las desviaciones que vienen ofreciendo las consultas populares. En nuestra opinión éstas deben encajarse en el marco normativo- legislativo de referencia, y sus destinatarios contar con el nivel de conocimiento y responsabilidad que exige el tema. Me apoyo en casos concretos. En estos días el Estado rechazó la consulta popular de la Fuente Santa, en Fuencaliente, La Palma, al pretender la Unión Progresista de Fuencaliente, que los vecinos decidieran el proyecto del balneario. No sólo incumple la Ley de Bases de Régimen Local, motivo de la impugnación estatal, sino en la tesis de este artículo, con un concurso fallado, donde los vecinos carecen del conocimiento y responsabilidad, precisos para valorar un tema de esta naturaleza.
Análogo problema al planteado en Madrid, con el Concurso de Proyectos de la Plaza de España, cuando fallado, se pretende corregir con una consulta popular a destiempo. En un tema con el recorrido, participación, soporte técnico e institucional como éste, no se justifica esta distorsión de última hora.
No es posible invadir con consultas, lo que son responsabilidades soportadas en conocimientos profesionales. Vía internet carecen hoy de seguridad las consultas, como así se ha visto y se pervierte la identidad del votante. Podría ser que las propias estructuras políticas representativas sean incapaces de asumir sus decisiones, por lo que se ven en la necesidad de trasladarlas al ciudadano, o se usa el mismo para saltarse la norma o el procedimiento. Legitimarse cuando ya no es posible, o por creer que lo sea por el hecho de estar bajo consulta popular.
Un ejemplo canario, con la Ley del Suelo, la Plataforma por una Canarias Sostenible, apoyada en algunas izquierdas del Parlamento canario, propone una consulta popular. Estaríamos con ello cambiando la representación política por pequeñas consultas sociológicas, sin conocimiento ni responsabilidad sobre el tema. Subiendo de ámbito, el referéndum catalán rompe con la Constitución española y pretende trasladar la decisión a quienes no son responsables de la misma y diríamos que ni siquiera conocen los efectos de tal cambio.
Como lo desconocía en el brexit el grueso del cuerpo social inglés, donde los jóvenes no votaron y ganaron los mayores. Para un convencido europeísta, cuesta ver cómo se van transformando las democracias representativas en populismos. Las clases políticas deben reinventarse, democratizarse, hacer participar al ciudadano en el marco de la ley, con conocimiento y responsabilidad de cada parte.