Las grandes fortunas de este país tendrán más o menos ingenio a la hora de mostrar su profundo antipatriotismo con prácticas fiscales que al eludir el pago de impuestos perjudican al esfuerzo común, pero la protección de datos no parece su fuerte, precisamente. O eso, o el tinerfeño de 43 años que el mes pasado fue detenido en una localidad cercana a la capital tinerfeña por, presuntamente, acceder a esos datos y facilitarlos a determinados medios de comunicación, es un genio a la hora de saltarse los controles informáticos. No en balde, sustrajo de la base de datos de una prestigiosa asesoría ubicada en el madrileño Paseo de La Castellana un total de 38.598 documentos que datan desde 1964 hasta la actualidad y que comprometen seriamente a buena parte de la élite de este país, entre ellos dos infantes de España, el padre del que fue presidente de Catalunya Jordi Pujol; el hermano de Juan Antonio Samaranch (expresidente del COI), nobles, banqueros, deportistas, farmacéuticos, embajadores… fundamentalmente radicados en Madrid, Barcelona, Bilbao y San Sebastián. Y todo ello desde un portátil (como adelantó ayer DIARIO DE AVISOS) y, tal y como informan fuentes cercanas al caso, utilizando un programa de fabricación propia con miles de claves y tirando del navegador Firefox, tan extendido entre los ordenadores que podemos encontrar en cualquier vivienda. Además, dichas fuentes también apuntaron que utilizó hasta tres direcciones IP de Telefónica para acceder a tan comprometida información, hecha pública en su día por eldiario.es, La Marea y Diagonal a partir de una documentación remitida al buzón seguro filtrala.org.
Lo cierto es que este hacker tinerfeño se encuentra actualmente en libertad, y no consta que se haya formulado aún acusación formal contra su persona a cuenta de estos hechos. Tal y como se avanzó en la edición de ayer, el paisano reconoció los hechos (las evidencias al respecto no ofrecen lugar a dudas), pero aclaró que ni se lucró de tal acción ni fue él quien divulgó los datos. Aunque ambas circunstancias no son incompatibles con el tipo básico recogido en el Código Penal para el delito de revelación de secretos, sí que descartarían las modalidades agravadas de esta acción criminal. Sea como fuere, el afectado insiste en que actuó motivado por su interés en el bien común.
Cabe recordar que el arresto de este tinerfeño se produjo a las siete de la mañana del pasado 14 de febrero en su vivienda tinerfeña, y que es el fruto de medio año de trabajo de los especialistas de la Policía Nacional, que iniciaron sus investigaciones cuando los responsables de la gestoría de donde se consiguió la información presentó denuncia. Dicha gestoría está comandada por un conocido asesor fiscal que fue inspector de Hacienda durante muchos años, y cuya firma figura al pie de la referida denuncia.
Pero, ¿qué hay en los llamados papeles de La Castellana? Pues nombres de personas, de empresas y cifras de dinero que revelan más de 150 millones de euros regularizados gracias a la amnistía fiscal y que hasta entonces eran activos ocultos a través de Suiza, Bahamas, Bermuda, Panamá, Islas Vírgenes, Liechtenstein, la Isla de Man y otros paraísos fiscales. No todos los documentos recibidos (y personas mencionadas en ellos) contienen o han cometido irregularidades, pero no deja de resultar una radiografía del último siglo español a través de familias tan destacadas como la de Antonio Maura o el propio Rodrigo Rato, empezando claro está por la del rey Felipe VI. También surgen apellidos tan conocidos a nivel general como Pujol o Botín, pero también al específico de las finanzas como Aristrain o Tejada, pasando por altos cargos de firmas como Telefónica o Pipas Facundo.
El clamor en las redes a favor de la filtración y el antecedente del menor que asombró en 2009
Si finalmente fuera llevado a juicio el hacker tinerfeño detenido el mes pasado por la filtración de los llamados papeles de La Castellana, casi 40.000 documentos sobre dudosas prácticas fiscales de grandes fortunas españolas, lo mejor que le podría pasar es que fuera un jurado popular quien decidiera al respecto. Ello se deduce de la abrumadora mayoría de usuarios de las redes sociales que, en apenas 24 horas, han mostrado su solidaridad con el supuesto responsable de esta filtración masiva, aunque cierto es que hablamos de un imposible, dado que la revelación de secretos no figura entre los delitos previstos para ser juzgados por un Tribunal de jurado popular. Lo cierto es que, atendiendo a lo visto en Internet, la opinión general pasa porque, lejos de merecer un castigo, la ciudadanía aplaude que hayan salido a la luz tales documentos, que abarcan desde 1964 hasta la actualidad y que describen activos ocultos en paraísos fiscales que en su mayoría afloraron gracias a la última amnistía fiscal aprobada por el Gobierno. Incluso, entre quienes defienden al hacker se encuentra la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), que ayer abogó en una nota por regular “cuanto antes” la protección de los denunciantes para amparar a las personas que revelan información de interés público, “incluyendo, con las cautelas oportunas, a quien obtenga información relevante sobre irregularidades o comportamientos ilícitos, mediante el acceso a sistemas informáticos o a dispositivos”.
Resta añadir que no es la primera vez que un hacker tinerfeño es noticia a nivel nacional, por cuanto ya en 2009 un chico de apenas 16 años de edad y vecino de Candelaria asombró a los especialistas con un ataque masivo que afectó a más de 75.000 ordenadores y que llevó a cabo, según explicó, para demostrar lo frágil de la seguridad en este campo.