El Ministerio de Presidencia y Relaciones Territoriales del Gobierno español ha respondido con un no tajante a la solicitud de la Plataforma Ciudadana por Fuencaliente, sobre su aspiración para lograr la convocatoria de un referéndum y que fueran los vecinos del municipio sureño los que decidieran, con su voto, el proyecto a ejecutar en la emblemática Fuente Santa.
Los servicios jurídicos del Estado, que han estudiado la solicitud, han razonado la respuesta al Ayuntamiento de Fuencaliente, que cursó la solicitud frente al Estado, argumentando que “la competencia sobre aguas minerales y termales en Canarias es una competencia autonómica y no local, y es ejercida a través de la Consejería de Industria y Energía del Gobierno de Canarias”. Desde el Ministerio han aclarado, en un decreto remitido a la secretaría del consistorio sureño, que “de conformidad con la normativa autonómica, los recursos acuíferos de la Fuente Santa no sólo no tienen un ámbito municipal sino que rebasan, incluso, el insular. No se cumple, por tanto, el artículo 71 de la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local, del 2 de abril de 1985, en lo que se refiere al requisito de que el asunto de la consulta popular tenga carácter local, puesto que la cuestión tiene incidencia más allá de los límites geográficos del término municipal”.
La negativa del Estado al referéndum planteado por la plataforma vecinal ha tenido dos lecturas bien distintas por parte del grupo de Gobierno, liderado por el alcalde socialista Luis Torres, y apoyado por los tres concejales de la Unión Progresista de Fuencaliente, encabezado por Nieves María Rodríguez. Si bien el alcalde preveía esta respuesta, y llegó a advertirlo en el pleno donde se asumió la petición de la plataforma vecinal, desde UPF se interpreta la decisión como una resta de autonomía sobre un recurso de enorme trascendencia para el futuro socioeconómico de la localidad.
La decisión del Ministerio supone un espaldarazo a la potestad del Cabildo sobre la gestión de las aguas de la Fuente Santa, en la que también tiene responsabilidad la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias. Fuentes autorizadas de la institución insular, que preside el socialista Anselmo Pestana, han detallado que “no esperábamos otra respuesta” por parte del Estado por cuanto “su interés insular está claramente recogido en la normativa regional, para el que es de interés general y de utilidad pública”.
El manantial, que desde que fuera descubierto en el año 2005, sigue vertiendo sus aguas con propiedades curativas al mar sin ninguna utilidad y pese a su enorme potencial económico y social, se encuentra en el espacio natural protegido Monumento Natural Volcanes de Teneguía, cuyas normas de protección se encuentran en proceso de modificación por parte del Cabildo de La Palma, que desde el año 2008 y con el visto bueno del Ayuntamiento y el grupo de Gobierno que lideraba en esa fecha el nacionalista Gregorio Alonso, tiene transferida la gestión y conservación de este emblemático enclave.
El proyecto que el Cabildo ejecutará en la Fuente Santa, tal y como han decidido tras la celebración del concurso internacional de ideas celebrado por la institución, es el denominado ‘Piedra de Fuego’, del arquitecto madrileño Federico Soriano Peláez, en el marco de un proceso al que se presentaron un total de 104 propuestas. El jurado emitió su fallo en abril de 2015, hace ya casi dos años, pese a lo cual el proyecto definitivo aún no está redactado. El presupuesto del Cabildo palmero este año 2017, destina 90.000 euros para este fin.