La Mesa de Unidad Democrática (MUD) ha convocado para este jueves una nueva edición de “la madre de todas las marchas” para llegar hasta la sede central de la Defensoría del Pueblo, en Caracas, algo que los manifestantes no lograron el miércoles por el bloqueo policial, lo que desató enfrentamientos que dejaron tres muertos y más de 500 detenidos.
El gobernador de Miranda, el líder opositor Henrique Capriles, ha anunciado en una rueda de prensa que la MUD volverá a marchar este 20 de abril por Caracas a la misma hora, con el mismo recorrido y con el mismo objetivo que el día anterior, según informa el diario venezolano ‘El Nacional’.
A las 10.00 (hora local) miles de simpatizantes de la oposición marcharon desde 26 puntos de Caracas rumbo a la Defensoría del Pueblo para exigir la celebración de elecciones anticipadas por la injerencia del Gobierno de Nicolás Maduro en los demás poderes del Estado, especialmente en la Asamblea Nacional.
La Defensoría del Pueblo se encuentra en Libertador, gobernado por el ‘chavista’ Jorge Rodríguez, quien ya advirtió de que no permitiría ningún acto de la MUD en su jurisdicción. Agentes de la Policía y la Guardia Nacional Bolivariana bloquearon los accesos al municipio caraqueño, dando lugar a fuertes choques con los manifestantes.
Como consecuencia de ello, Carlos José Moreno Barón, de 17 años, recibió un disparo en la cabeza por el que fue trasladado de urgencia al Hospital de Clínicas Caracas, donde le operaron y finalmente murió. Al parecer, hombres armados irrumpieron en motos en el distrito de San Bernardino, arrojaron gases lacrimógenos y uno aprovechó la confusión para abrir fuego.
Ya fuera de Caracas, en San Cristóbal, tradicional bastión opositor, una joven de 23 años identificada como Paola Andreína Ramírez recibió otro tiro en la cabeza que acabó con su vida. Los hechos ocurrieron en la plaza de San Carlos y, según testigos citados por ‘El Nacional’, los autores son “colectivos”, como se conoce a los grupos de civiles armados.
En la localidad de San Antonio de los Altos, en Miranda, un miembro de la Guardia Nacional Bolivariana, el sargento segundo San Clemente Barrios Neomar, “fue asesinado por un francotirador”, de acuerdo con el Defensor del Pueblo, Tarek William Saab.
Además, según la información proporcionada por Capriles, 150 personas resultaron heridas, algunas de ellas de gravedad, mientras que más de 500 fueron detenidas por su implicación en los disturbios, de acuerdo con los datos recabados al término de la jornada de protestas por la ONG Foro Penal.
Estas muertes elevan a nueve las víctimas mortales y a más de mil los detenidos por las multitudinarias protestas que se han producido en las últimas semanas en Caracas contra el “golpe de Estado” ejecutado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) contra la Asamblea Nacional.
Capriles ha criticado la represión de las manifestaciones opositoras y ha recordado a las fuerzas de seguridad que “no son del PSUV”, el partido gobernante, sino que “están al servicio de todos los venezolanos”. “Lo peor que le puede pasar a la Fuerza Armadas es partidizarse”, ha sostenido.
Al mismo tiempo, aunque en otro punto de Caracas, la Avenida Bolívar, miles de seguidores del Gobierno se manifestaron “en defensa de la patria”. En su caso, la movilización transcurrió sin problemas. Según Maduro, con ello el Gobierno logró “derrotar” los supuestos planes golpistas de la “derecha”.
AMNISTÍA INTERNACIONAL ACUSA A VENEZUELA DE ACTIVAR EL ‘PLAN ZAMORA’
La organización no gubernamental Amnistía Internacional (AI) ha acusado al Gobierno de Venezuela de activar el denominado ‘Plan Zamora’, que ha definido como una “clara receta para el desastre”, en el marco de las protestas convocadas por la oposición para exigir un adelanto electoral que acabe con el Gobierno de Nicolás Maduro.
“El ‘Plan Zamora’ hace un llamamiento a civiles a usar la fuerza para la que no están legitimados. Esta es una clara receta para el desastre. Este llamamiento es especialmente preocupante, dadas las reiteradas denuncias de abusos por parte de grupos civiles armados,” ha denunciado la directora de AI para América, Erika Guevara-Rosas.
Guevara-Rosas ha señalado que “la inagotable espiral de violencia y represión durante las manifestaciones en Venezuela está sumergiendo al país en una crisis de difícil retorno que amenaza la vida y la seguridad de la población”. Este miércoles, en medio de las manifestaciones, han muerto al menos tres personas: dos civiles y un militar.
El presidente, Nicolás Maduro, activó el martes por la noche en su primera fase el plan estratégico cívico-militar conocido como ‘Plan Zamora’, dirigido a garantizar “la estabilidad y la paz” del país de cara a las protestas convocadas para este miércoles, 19 de abril.
En un mensaje a la nación pronunciado desde el Palacio de Miraflores, Maduro acusó una vez más a la “derecha nacional”, respaldada por el Gobierno de Estados Unidos, de estar detrás de una serie de planes para dar un golpe de Estado contra su Gobierno.
LLAMAMIENTOS A LA CALMA
El Defensor del Pueblo había pedido a los manifestantes de uno y otro signo que marcharan “en estricto apego a la ley y respeto de la Constitución”. “Todos queremos que las diferencias políticas se solucionen hablando”, ha sostenido Saab, en una entrevista concedida a la cadena local Globovisión.
En la misma línea se ha pronunciado el ministro de Defensa, Vladimir Padrino. “Ojalá que este día hermoso para todos termine en paz. Pido a Dios desde aquí, y a nuestro padre Libertador, que nos siga dando la paz”, ha dicho en Venezolana de Televisión (VTV).
La Conferencia Episcopal, con una gran influencia en la sociedad venezolana, ha pedido “rechazar cualquier manifestación de violencia y respetar los derechos de todos y cada uno de los ciudadanos. Los obispos han instado a “actuar según la recta conciencia, los principios democráticos y las leyes del país”.
En mensajes más concretos, la Conferencia ha exhortado a la oposición a “ejercer el derecho a la manifestación y protesta pública de manera respetuosa con las personas y propiedades” y al Palacio de Miraflores a “defender los Derechos Humanos fundamentales: la vida, la libertad, la salud (…) y los demás derechos de los ciudadanos”.
CRISIS VENEZOLANA
La tensión política en Venezuela alcanzó un nuevo pico el pasado marzo, cuando el TSJ despojó de sus poderes a la Asamblea Nacional –controlada por la oposición desde 2016– y dejó sin inmunidad parlamentaria a los diputados.
El Gobierno de Maduro ordenó dar marcha atrás en sendas decisiones, algo que el TSJ cumplió, pero la oposición y la Organización de Estados Americanos (OEA) consideran que se ha producido una “ruptura del orden constitucional” que requiere elecciones anticipadas.