Treinta y cinco personas de nueve familias que llevan en torno a un año viviendo en un edificio propiedad de Sareb, el conocido como banco malo, en el barrio de San Juan, en Güímar, podrán seguir residiendo en el mismo al paralizarse ayer la ejecución del desahucio decretada por un juzgado del municipio.
La mediación de un abogado de Cáritas, así como la intervención de la directora general de la Vivienda del Gobierno de Canarias, Pino de León, han posibilitado que se retrasara el desalojo previsto para dentro de una semana.
Justo cuando Cáritas presentaba el escrito en el juzgado, la alcaldesa de Güímar, Carmen Luisa Castro, recibía en su despacho a representantes de la Plataforma Antidesahucios (PAH), a quienes trasladó las dificultades del Ayuntamiento para actuar en una propiedad privada y ante una orden judicial, si bien se comprometió, tras la evaluación de los Servicios Sociales municipales, que dirige Socorro González, a sufragar durante dos meses un alquiler social para ocho de las nueve familias, al decidir una de ellas trasladarse con unos familiares.
Carmen Luisa Castro advirtió de la escasez de inmuebles en Güímar, “donde no se construye una vivienda pública desde 1978”, un hecho que trasladó a Pino de León y que se tratará de de paliar con la posibilidad de adquirir en alquiler varios edificios vacíos que hay en el municipio, aunque alertó de que “lo que está sucediendo con los okupas incita a que la gente haga eso, y luego quien no lo hace y está en una lista de espera de vivienda se nos queja”, dijo Castro.
El banco de alquiler social es una iniciativa denominada Base 25 en la que trabajan conjuntamente Cáritas, el Cabildo y Cruz Roja con los bancos, pero hasta ahora las primeras siete viviendas han sido rehabilitadas gracias a la gestión de Cáritas, con ayuda de firmas como Ikea o Conforama.
Aunque hasta ayer mismo algunas de las familias que ocupan el edificio de Cuatro Caminos, en San Juan, habían comenzado a recoger sus bártulos, como Vanesa y sus dos hijos menores, la ayuda al alquiler social y el aplazamiento del desahucio les ha dado un respiro.