En 2015, casi 3.000 personas fueron condenadas a trabajos en beneficio de la comunidad en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, según los últimos datos disponibles que recoge el Instituto Nacional de Estadística (INE). Desde el viernes pasado, los condenados con este tipo de penas ya podrán hacerlo en el municipio de Santa Cruz, ya que el pleno del Ayuntamiento ratificó el convenio (que ya había firmado en enero) con Instituciones Penitenciarias para el cumplimiento de esas penas de trabajo en beneficio de la comunidad. La capital se convirtió así en uno de los últimos municipios de Canarias en adherirse.
En esta ocasión, el acuerdo se llevó de nuevo al Pleno para completar algunos detalles, como los puestos que ocuparán los condenados que deban cumplir este tipo de pena, así como dar a conocer los nombres que conformarán la comisión mixta encargada del seguimiento del convenio. Desde una biblioteca, pasando por los parques y jardines de la ciudad, haciendo labores de concienciación medioambiental o, incluso, ayudando a los ancianos a cruzar un paso de peatones son algunas de las tareas que, según detalló la concejal de Organización, Marisa Zamora, podrán desempeñar las personas que Instituciones Penitenciarias estime adecuadas.
La concejal quiso aclarar, al igual que lo hizo en el Pleno, en respuesta a una pregunta del concejal de IU, Ramón Trujillo, que “ningún condenado por violencia de género podrá acogerse a este convenio”. Insistió en que se trata de personas que son condenadas por delitos o faltas de carácter leve y que un juez considera que pueden quedar saldados con este tipo de penas. Zamora también aclaró que los trabajos que estos penados van a desempeñar son tareas que en estos momentos no realizan los trabajadores municipales.
El convenio tendrá una duración de un año, prorrogable otros cuatro. Según se recoge en el texto que se aprobó en el pleno de enero, el Ayuntamiento se compromete a facilitar un número de plazas a los penados a trabajos en beneficios de la comunidad. Por su parte, el Ministerio del Interior asume las obligaciones para la cobertura de contingencias que corresponden al Instituto Nacional de la Seguridad Social por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de los penados. El Consistorio también se compromete a impartir los conocimientos necesarios para que desempeñen eficazmente la tarea asignada y facilitará el material necesario para su realización. El convenio tiene coste cero y, además, el trabajo del penado no será retribuido.
Según recoge la página de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, la pena de trabajo en beneficio de la comunidad puede verificarse mediante la asignación de tareas dignas, enfocadas al apoyo o asistencia a determinadas víctimas (por ejemplo, ante una infracción de tráfico, labor de acompañamiento a personas que sufren determinadas lesiones). Otras veces las tareas encomendadas vendrán dadas en función de la entidad u organismo que las oferte y de la formación académica o profesional de quienes prestan el trabajo.
El abanico de actividades sociales susceptibles de ser desarrolladas es muy grande. Entre ellas está la atención en comedores sociales, apoyo a discapacitados físicos y psíquicos, reparto de alimentos y ropa, apoyo a personas mayores o apoyo a enfermos terminales.