En una última encuesta publicada en El País, aparecían los tinerfeños como los ciudadanos menos reivindicativos de España. Canarias también se destaca como la segunda región con más acusados de corrupción, luego de Baleares. Serán los aires isleños o ello tiene alguna explicación razonada, a ella vamos. En el “índice de calidad política” de Martin Krause, se incorporan los factores de libertad económica, facilidad para el negocio, competitividad, corrupción y libertad de prensa, donde España ocupa el puesto 38 del mundo. En cabeza,
Noruega, Finlandia, Suecia, Dinamarca y Países Bajos, cuatro monarquías y una república. En el Índice de Corrupción, España siendo la 12 economía del mundo, vuelve a situarse en el puesto 40, desde el puesto 30 que ocupaba en el 2012. La corrupción actúa como un “mecanismo de reparto de poder”, en las menos corruptas se reparte bien y en las más, Corea del Norte y Somalia, mal. Coincide como vemos con la calidad política.
Los momentos de mayor progreso histórico de la España de posguerra han coincidido con el franquismo en el año 59, con el Plan de Estabilización, en el año 1986 con la incorporación de España en la UE, y en el año 1996, con el cumplimiento de las condiciones del Tratado de Maastricht. En los tres casos España dio el salto, mediante la apertura al exterior, la liberalización de mercados y la disciplina macroeconómica. Es a partir de 2004, previo a la crisis, que se produce el consenso socialdemócrata, que permanece en competencia ahora con el populismo podemita. Ya no hay izquierdas o derechas, sino que el verdadero conflicto se produce entre lo público y lo privado. No se debate si hay que reducir el gasto público, sino en cuánto vamos a aumentarlo. Los nuevos partidos se han sumado con entusiasmo al consenso.
Esta situación es aún más acusada en Canarias, donde los aires liberales son más ligeros y la administración más pesada. Dos iniciativas en la buena línea y dos en contra. A favor de la nueva Ley del Suelo, que, sin ser un modelo liberalizador, asume la legalidad europea y nacional y simplifica, aunque no lo necesario, para hacer leyes al alcance de todos. Aun así, el mayor cambio de rumbo normativo de Canarias desde el año 2000. No debemos retroceder en la recta final, confundidos en un consenso que no existe, un segundo ejemplo de los buenos, la aplicación de la Bolkestein en Santa Cruz de Tenerife, después de siete años de ilegalidad. Al ser ejercido desde la capital insular, tiene un claro efecto dinamizador y de arrastre para toda la isla y para Canarias. Gran acierto. De los ejemplos malos también dos. No retornar al IGIC incrementado en el 2012 en el 40%, rompiendo el compromiso político con los ciudadanos, cuando ya lo permite la recaudación y los nuevos acuerdos con Madrid. Y el retorno al discurso del “pleito insular”, donde se confunde casi todo. Lo primero, hacer a los territorios, a la isla de Tenerife, portadora de derechos cuando constitucionalmente sólo los tienen los ciudadanos. Lo segundo, conformar a lo público como agente de casi todo, confundiendo otra vez la Administración pública con la sociedad civil.
La Administración debe concentrarse en sus funciones propias y abandonar las que ejerce invadiendo las privadas. El mayor retroceso relativo de Canarias debemos situarlo hoy en la hipertrofia de lo público y la anestesia de lo privado. Ya lo señalaban las encuestas, al situar a los tinerfeños como los menos reivindicativos de España. Tiene su lógica.