Una decisión judicial ha impuesto un plazo de diez días a nueve familias, un total de 25 personas, para que abandonen un edificio de dos plantas en el barrio de San Juan, en Güímar.
Las familias llevan viviendo de manera ilegal en ese edificio, propiedad de Sareb, el denominado vulgarmente banco malo, desde hace algo más de un año, según reconoció la alcaldesa, Carmen Luisa Castro, quien declaró que, ante una sentencia judicial y al no tratarse de un edificio municipal, como sí ocurre con otros okupas en un edificio en la calle de Hernández Merkel, no puede “hacer nada”, aunque esta mañana recibirá en su despacho a la Plataforma Antidesahucios (PAH).
Socorro González, concejala de Servicios Sociales, reconoció que ocho de las nueve familias
-una de ellas se irá a vivir con sus suegros- han solicitado ayuda de alquiler social y en estos momentos se estudian sus circunstancias y si algunas cobran la PCI, advirtiendo de que “Güímar no dispone ahora mismo de pisos de alquiler”, algo que corroboró la alcaldesa, quien recuerda que “desde 1978 no se construyen viviendas públicas en el municipio”, un hecho que también sucede en otros lugares de Tenerife, como le indicó la directora general de Vivienda del Gobierno de Canarias, Pino de León.
La mayoría de esas familias no tienen recursos económicos y se encuentran desempleadas, según afirman.