Visiblemente contrariado, tras perder la votación para que se tramitara la iniciativa legislativa sobre los barrancos de Güímar gestada desde el Cabildo, Carlos Alonso expuso que “todos los que se han opuesto a la misma han permitido que mañana se pueda volver a extraer áridos de Güímar”, porque “cualquier Administración estaría obligada a conceder los permisos”, al mantenerse ese ámbito como suelo minero.
El origen de la iniciativa legislativa gestada en 2014 por el Cabildo, y que ha llegado hasta el penúltimo paso en el Parlamento -que no superó-, surgió, con el consenso de casi todos los grupos políticos, para impedir las extracciones y convertir los cuatro millones de metros cuadrados de los barrancos de Güímar en suelo rústico de protección ambiental, coincidiendo en el tiempo con la sentencia 04/2016 de la Audiencia Provincial que condenaba a cuatro areneros a restaurar el daño ecológico y medioambiental causado antes de dos años, so pena de cumplir condena de cárcel, que ya cumple Francisco del Rosario al no aceptar un acuerdo previo.
Precisamente, el hecho de que algunos esgrimieran la posibilidad de que la iniciativa legislativa pudiera retrasar el cumplimiento de la condena ha supuesto la derrota para las tesis del Cabildo, que llevaba la iniciativa con el apoyo de CC, PSOE y Podemos, mientras que no recibió el mismo trato en el Parlamento, entre otras razones porque el propio informe de las consejerías del Gobierno implicadas, Agricultura, Industria y Política Territorial -ningún responsable de esas áreas estuvo ayer en el debate-, ponía en duda la constitucionalidad de la propuesta -al ser Minas un asunto nacional- y temía por un pago elevado de indemnizaciones a los areneros por la desclasificación del suelo. No fue extraño, por tanto, que el socialista Gustavo Matos llegara a afirmar que “esta ley no la quiere ni el Gobierno”, aunque no acertó al vaticinar que Carlos Alonso se quedaría solo, porque finalmente Coalición Canaria votaría a favor, después de fallar en su intento de convencer al presidente del Cabildo para retirar la proposición de ley.
La iniciativa, defendida en el estrado por Carlos Alonso y el consejero insular socialista Miguel Ángel Pérez, recibió el rechazo de los 37 diputados presentes del PP, Nueva Canarias, PSOE y Podemos, pese a que los grupos de estos dos últimos partidos en la Corporación insular la avalaban, algo que fue recordado por el portavoz nacionalista, José Miguel Ruano, quien subrayó que CC no quería introducir esta proposición en el orden del día de la Cámara porque había una sentencia y se quería esperar a su ejecución, pero “la propia Audiencia nos pidió información sobre la proposición de ley”.
Todos los grupos coincidieron en expresar su apoyo a la regeneración de los barrancos degradados de Güímar, pero apenas dijeron cómo, excepto en que fuera pagada por los condenados. La popular Cristiana Tavío propuso crear una comisión de estudio en la comisión general de cabildos del Parlamento, lo que respaldó el PSOE, que a su vez propuso buscar una solución por medio de una modificación del Plan Insular de Ordenación del Territorio o un plan parcial, algo que descartó Carlos Alonso, que calificó esas propuestas como “brindis al sol”. En su intervención, Alonso, coincidió en calificar de atentado ecológico lo sucedido en Güímar durante 30 años y dijo que en ello todas las administraciones han “sido cómplices”, pues se ha ido escapando “poniendo parches” sin solucionar el problema, y tras la votación fallida para “los intereses de Güímar”, señaló que “esta vez el Cabildo ha hecho los deberes, no así otras administraciones”, invitando a los periodistas a preguntarle a Luisa Castro “qué piensa de la votación del Partido Popular”, sentenció.
Durante el pleno se leyó además el informe del Gobierno de Canarias según el cual la iniciativa del Cabildo podría suponer una cifra superior a los 300 millones de euros por parte de la Administración autonómica y se considera lo más recomendable un plan de ordenación del espacio afectado. Por ello, Román Rodríguez, portavoz de Nueva Canarias, apuntó que detrás de esta iniciativa podría haber una maniobra no del Cabildo, sino de los empresarios para tratar de eludir el pago de la restitución de los barrancos, y por ello dijo que no entiende cómo el Gobierno no paralizó la tramitación de la proposición, llegando casi a la prevaricación”, afirmó.
Concepción Monzón, de Podemos, criticó la posibilidad de “premiar” a los responsables del “desaguisado” con el uso turístico en el lugar, y propuso un plan de restauración elaborado por las administraciones competentes, que “sufragarán los empresarios sentenciados”.
Miguel Ángel Pérez pidió, sin éxito: “No dejen al pueblo tirado”
El consejero de Política Territorial del Cabildo, el socialista Miguel Ángel Pérez, advirtió de que se ha desvirtuado “de forma torticera” la intención de Güímar de que se paralicen las extracciones, por lo que pidió que no dejasen “al pueblo tirado”.