La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha hecho suya una denuncia contra el alcalde de La Victoria de Acentejo, Haroldo Martín (CC), por la contratación indefinida por decreto de una trabajadora que se presentó a una lista de reserva para desempeñar un trabajo que nada tenía que ver con el suyo.
La trabajadora, cuyo nombre se prefiere obviar para respetar su intimidad, renunció a su cargo como cuidadora en la casa de acogida Carmen Castilla el 25 de mayo, un día después de celebrarse las elecciones municipales en las que Martín resultó el cabeza de lista más votado, pero sin conseguir mayoría absoluta.
En su escrito, dirigido al mandatario entonces en funciones, pone en su conocimiento “la intención de cesar como cuidadora” para, “consiguientemente, firmar nuevo contrato de trabajo con el Ayuntamiento para realizar” su nueva actividad laboral “como auxiliar técnico en el laboratorio enológico”, tal y como constan en su expediente “la calificación de las pertinentes pruebas selectivas para el personal laboral”.
Al día siguiente, el 26 de mayo, Haroldo Martín dictó el decreto. En la resolución justifica que se trata de un “servicio esencial de la administración local”. La jornada establecida es de 35 horas semanales en un contrato indefinido, según sentencia judicial.
Los hechos fueron denunciados en septiembre de 2016 por el exalcalde del PP (ya expulsado del partido) y actual concejal de la oposición José Fermín Correa, quien fue apartado de su cargo en febrero del citado año tras la moción de censura presentada por CC y el otro concejal del PP, Leo García. En su denuncia, Correa pone de manifiesto que Haroldo Martín dictó el decreto 293/2015 por el que acuerda la contratación indefinida de la citada trabajadora considerándolo “un favor político”.
Correa se basa en que la trabajadora presentó una denuncia falsa contra su persona por acoso laboral para “intentar manchar su imagen” ante la proximidad de las elecciones y, “supuestamente, se le ha pagado dejándola fija por decreto”. Contra esa denuncia, ya existe una sentencia firme a su favor.
Tras las correspondientes diligencias, la Fiscalía considera que existen indicios de una supuesta vulneración de los principios de mérito, capacidad e igualdad de acceso a la contratación pública, lo que se traduce en la comisión de un presunto delito de prevaricación contemplado en el artículo 404 del Código Penal. En concreto, se considera que la contratada ganó el concurso oposición a la lista de reserva temporal para el mismo puesto, pero no para uno indefinido, ya que este no fue el objeto de tal concurso oposición.
Por otro lado, el fiscal sostiene que la contratada tenía derecho a un puesto indefinido en el Consistorio, pero el que había venido ejecutando desde el año 2004 hasta la fecha de la citada sentencia del Juzgado de lo Social 4, que es el de cuidadora de la casa municipal de las mujeres víctimas de maltrato de género. Asimismo, añade, “sin que resulte comprensible, que el alcalde investigado acuerde contratarla para el puesto indefinido de auxiliar de laboratorio sin realizar previamente un proceso selectivo público para el acceso al mismo, cuando se había celebrado uno para el acceso a una mera lista temporal de reserva para poder cubrir contrataciones temporales urgentes”.
Una vez practicadas las diligencias correspondientes, la Fiscalía formuló las denuncias oportunas por un presunto delito de prevaricación y se remitió al Juzgado de La Orotava para que siga adelante con el caso, con fecha 17 de abril de 2017.
Como consecuencia, la justicia ha citado a declarar como imputado a Martín, mientras que lo harán como testigos la trabajadora, José Fermín Correa, la concejal de Personal y Empleo, Dulce María Gutiérrez; la interventora, y una técnico de recursos humanos. Según pudo saber este periódico, será el 1 de junio.
Explicaciones
Al ser consultado sobre este asunto, Haroldo Martín explica que una resolución judicial “obligaba al Ayuntamiento a dejar como indefinida a esta trabajadora, produciéndose únicamente un cambio en su puesto de trabajo”. Según el mandatario, el decreto se firma “tras la oportuna y obligatoria consulta realizada tanto a Función Pública del Gobierno de Canarias como a los servicios jurídicos municipales”. En ambos casos, añade, “no existió ningún informe negativo al respecto y, por lo tanto, la firma se produjo dando cumplimiento a esta resolución judicial”.
El alcalde nacionalista recuerda que “a pesar de que la causa contra Correa fue archivada al no admitir el juez las grabaciones aportadas por la denunciante, parece muy coincidente que sea él quien después diera ese paso y presentara la denuncia, siendo conocedor incluso de la resolución judicial”.