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El geriátrico de Güímar ejerce aún como tal pese a las denuncias

Socorro González, concejala de Servicios Sociales, manifiesta “su preocupación” por los mayores que siguen ingresados mientras se resuelve el expediente del cierre cautelar
Fachada del edificio donde se ubica el polémico centro, en la calle El Calvario, en el centro de Güímar. DA

“Estamos muy preocupados”, manifiesta Socorro González, concejala de Servicios Sociales de Güímar, al confirmar que el centro de mayores Sor María, de titularidad privada, pese a las denuncias de trabajadores y familiares, siguen ejerciendo como geriátrico. Aunque, según su propietaria, Margarita Morales, cerró como tal desde enero para pasar a ser “un centro zen, de terapias alternativas”, como se recoge en la fachada, donde desapareció el nombre de Sor María.

Sin embargo, desde el Ayuntamiento de Güímar se insiste en que la actividad que se sigue realizando allí es la de un geriátrico, y que, como tal, debe ser cerrado por no cumplir, según denunció el Consistorio desde noviembre, la normativa vigente, tras recibirse denuncias de los propios trabajadores del centro, afirma la edil Socorro González, quien recuerda que en aquella época “el Ayuntamiento de Güímar tuvo que hacerse cargo del entierro de un señor porque no disponía de seguro de deceso, unas circunstancias sospechosas, por la que decidimos actuar”. Socorro González manifiesta que el 10 de abril se reunió, junto a la alcaldesa Luisa Castro, con el viceconsejero de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias, Francisco Gaspar, para ponerle en antecedes, por lo que el Gobierno ha incoado un expediente de cierre cautelar que todavía se está tramitando, mientras que el Juzgado de Instrucción Número 1 de Güímar ha abierto diligencias previas, según relata la edil, que ayer mismo se trasladó a hablar con el juez.

Socorro González espera que el expediente del cierre cautelar se pueda resolver en estos días y los mayores ingresados -“creo que unos 14, pero no controlamos una cifra exacta”, señala- puedan ser reubicados en otros centros públicos o privados por el Gobierno de Canarias, quien tiene las competencias, aseguró, mientras insiste: “Estamos muy preocupados, porque cada día se van sumando más denuncias, hasta de los propios trabajadores”, reafirma.

Además, el centro también tiene una denuncia urbanística por haber realizado una obra sin licencia, al colocar un techo de plancha sobre el patio para que los vecinos no puedan ver los paseos de los residentes.

Margarita Morales, directora del centro desde 2000, alega que en enero cerró el geriátrico ante el acoso al que era sometido por las administraciones públicas. Sin embargo, no ha permitido la entrada a personal de la Consejería de Políticas Sociales para certificar el cese de la actividad.

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